El PSOE lleva al juzgado la cartelería contra Isabel Ambrosio y asegura que testigos apuntan al Ayuntamiento de Córdoba

Un vehículo municipal, en el centro de la polémica: la Junta Electoral remite la denuncia del PSOE por delito electoral

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En los carteles que denuncia el PSOE de Andalucía aparecía Isabel Ambrosio. Joaquín Corchero/Europa Press.
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El PSOE de Andalucía ha asegurado que varios testigos han identificado a un vehículo con distintivo del Ayuntamiento de Córdoba en relación con la colocación de carteles con la imagen de la dirigente socialista Isabel Ambrosio, una afirmación que forma parte de una denuncia presentada por el partido ante el Juzgado de Guardia.

Según ha informado el propio PSOE andaluz en una nota de prensa, la secretaria de Migraciones del partido, Isabel Ambrosio, ha registrado una denuncia en la que incorpora ese testimonio y solicita que se investiguen los hechos. Los socialistas sostienen que esa denuncia se suma a otra presentada el pasado 13 de mayo ante la Junta Electoral de Zona por la misma cartelería.

Siempre según la versión trasladada por el partido, la Junta Electoral de Zona ha remitido ese escrito al Juzgado de Guardia al apreciar un posible delito electoral. Además, el partido ha recordado que presentó otra denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía por la aparición de carteles contra los socialistas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, reclamando su traslado a la Fiscalía.

Una campaña electoral bajo supervisión de la administración electoral

El contexto de este caso se sitúa en plena campaña de las elecciones andaluzas, un periodo en el que la actividad propagandística y electoral queda sometida a la supervisión de las juntas electorales, órganos encargados de velar por el cumplimiento de la legislación electoral.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla infracciones y posibles responsabilidades penales en supuestos relacionados con actuaciones que puedan alterar las garantías del proceso electoral, aunque cualquier eventual responsabilidad requiere investigación judicial y, en su caso, resolución de los tribunales.

La eventual remisión de hechos por parte de una junta electoral al ámbito judicial no implica por sí misma acreditación de delito, sino la apertura de la vía correspondiente para analizar si existen indicios que justifiquen actuaciones posteriores.