La disputa internacional por los recortes a las energías renovables aprobados por España hace más de una década ha llegado ahora hasta el Mundial de Fútbol de 2026. Según ha publicado El País, varios acreedores que reclaman indemnizaciones millonarias al Estado español están ampliando en Estados Unidos las amenazas de embargo y han puesto el foco en la actividad económica relacionada con la selección española durante el torneo.
La información del diario señala que los fondos y acreedores implicados en estos litigios están solicitando documentación e información financiera vinculada a contratos y operaciones relacionados con el combinado nacional. Entre los elementos citados aparecen acuerdos comerciales, proveedores logísticos, hoteles, desplazamientos y contratos de patrocinio vinculados a la presencia de la selección en territorio estadounidense durante el campeonato.
Según detalla El País, la estrategia busca identificar posibles activos, pagos o flujos económicos susceptibles de ser objeto de medidas cautelares o embargos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. El movimiento se produce en un contexto especialmente sensible, ya que parte del Mundial de 2026 se disputará precisamente en suelo estadounidense.
La publicación también apunta que algunos acreedores han ampliado las solicitudes judiciales de información hacia compañías relacionadas con la actividad de la selección y con la organización de los desplazamientos y servicios asociados al equipo nacional. De acuerdo con el diario, el objetivo sería reforzar las opciones de ejecución de los laudos arbitrales internacionales pendientes de cobro.
El origen del conflicto
El enfrentamiento se remonta a la reforma energética aprobada por el Gobierno español en 2013, cuando se modificó el sistema de primas a las energías renovables. Aquellos cambios provocaron una oleada de arbitrajes internacionales presentados por inversores extranjeros al considerar que se habían alterado las condiciones bajo las que realizaron sus inversiones.
Muchos de esos procedimientos se tramitaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial especializado en arbitrajes entre Estados e inversores internacionales.
El CIADI ha ido emitiendo durante los últimos años distintos laudos favorables a los inversores. En varios casos se reconocen indemnizaciones millonarias contra España. La base de datos oficial del organismo recoge decenas de procedimientos vinculados a la reforma energética española.
La batalla judicial en Estados Unidos
Uno de los puntos clave del conflicto está ahora en Estados Unidos. Allí, varios tribunales federales han permitido avanzar a los acreedores en procedimientos para reconocer y ejecutar algunos de esos laudos arbitrales.
La defensa española sostiene que estos arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros de la Unión Europea chocan con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y con la normativa europea sobre ayudas de Estado. La Comisión Europea ha respaldado en distintas ocasiones esa interpretación.
La propia Comisión Europea ha defendido públicamente que los arbitrajes intraeuropeos en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía son incompatibles con el derecho comunitario tras las sentencias del TJUE. Pese a ello, varios acreedores han tratado de ejecutar los laudos fuera de Europa, especialmente en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido o Australia.