Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, ha destacado este miércoles la posibilidad de injerencia extranjera debido al acuerdo del Ministerio del Interior con Huawei, el cual podría generar una dependencia de un proveedor que la UE cataloga como ‘de alto riesgo’ en un área crucial.
En respuesta a una consulta del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, recogida por Europa Press, Virkkunen ha manifestado que el contrato con la empresa china para el almacenamiento de interceptaciones telefónicas del sistema SITEL podría incrementar el riesgo de influencia foránea. Asimismo, la comisaria finlandesa ha recordado que en junio de 2023, la Comisión Europea ya había identificado a los operadores chinos Huawei y ZTE como poseedores de ‘riesgos significativos mayores’ en comparación con otros proveedores de tecnología 5G, comprometiéndose a limitar su acceso a financiación europea y a proteger las redes de comunicaciones corporativas de la UE.
Además, Virkkunen señaló que está ‘justificado y conforme’ con las normativas de la UE que los Estados miembros opten por ‘restringir o excluir’ a estas firmas de sus proyectos y recomendó adoptar medidas para atenuar los riesgos vinculados a estos proveedores. Finalmente, la vicepresidenta subrayó que cualquier acción concreta quedará pendiente hasta la ‘próxima revisión’ del reglamento sobre ciberseguridad, aún sin fecha definida.
Ofensiva del PP
En verano, el Partido Popular lanzó una ofensiva política con despliegue en las Cortes en relación con la adjudicación de este contrato, por valor de 12,3 millones de euros, a la empresa china Huawei. Desde la formación apuntaban a que este acuerdo afecta a la seguridad nacional y a la reputación internacional del país. Por ello, registraron la comparecencia de distintos miembros del Ejecutivo ante el Congreso y el Senado para que expliquen los detalles de la adjudicación.
Tanto el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, señalaron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El PP cuestiona una relación contractual mediante la cual el Ejecutivo nacional encarga a esta entidad el almacenamiento de las escuchas judiciales y la custodia digital del resultado de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales.
Ezcurra apuntó al expresidente como una de las claves de la adjudicación de este contrato. Afirmó que cuando «uno analiza quién, cómo y por qué se ha suscrito este contrato, hay algo sospechoso».
Apuntaba a que la primera vez que el Gobierno español contrató con la empresa fue en 2004, bajo el gobierno de Zapatero, y que, en otra ocasión, en 2021, Huawei fichó a la empresa de las hijas del expresidente, en la misma fecha en la que Víctor de Aldama trabajaba para la empresa como asesor externo.
Además, ha añadido que el actual jefe de seguridad de la entidad fue también jefe de seguridad de La Moncloa durante el Gobierno socialista de Zapatero.
Avisos externos
Estados Unidos ya advirtió del riesgo de contar con la empresa china como proveedor en materias sensibles, debido al peligro de espionaje y al posible acceso a esta información por parte del Gobierno chino. La ley de inteligencia nacional de dicho país obliga a particulares y empresas a colaborar con los servicios de inteligencia cuando así se les requiera.
Los presidentes de la Comisión de Seguridad del Congreso y el Senado norteamericanos remitieron una carta a la directora de Seguridad Nacional, al secretario de Estado de Defensa, al fiscal general del Estado y a los directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), alertando de que la información confidencial de España podría ser usada finalmente por el Gobierno chino.