QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento Europo ha sentado un precedente durante la votación del Ómnibus I, que versa sobre la simplificación de las exigencias de sostenibilidad a las empresas europeas. Por primera vez en el Parlamento Europeo, se ha aprobado una iniciativa legislativa con el respaldo de la llamada «mayoría Venezuela», de la que forman parte desde el Partido Popular Europeo hasta el resto de formaciones de ultraderecha de la Eurocámara y que excluye a los Socialistas.
En un primer momento, se alcanzó un acuerdo entre populares, socialistas, liberales y verdes para mantener los umbrales que estipula el Ómnibus en unos niveles intermedios. Sin embargo, la medida decayó en el pleno, ya que bajo el secreto de votación, solicitado por el grupo de los Patriotas —del que forma parte Vox—, los socialistas rompieron filas. Existía un malestar entre sus filas por la falta de ambición que podían presentar las normas sobre responsabilidad empresarial tras la reforma.
Tras ese primer obstáculo, la norma ha vuelto al Pleno del Parlamento Europeo con la posibilidad de mantener vivas las enmiendas. Ahí, los Populares han presentado su propuesta para que los umbrales de tamaño de las empresas sujetas a las normas de información de sostenibilidad corporativa y diligencia debida se eleven de forma significativa. Su planteamiento pasa por que solo estén obligadas a cumplir con esta medida las compañías que cuenten con más de 1.750 empleados y una facturación anual de 450 millones de euros. El Ejecutivo comunitario planteó en un primer momento que se estableciese la medida en la cifra de mil empleados.
¿De dónde venimos?
En noviembre de 2024, los Veintisiete pidieron que se simplificaran las normas sobre sostenibilidad, reduciendo al menos un 25 % los requisitos de información que deben cumplir las empresas antes de mediados de 2025. En respuesta, se presentó un paquete de medidas llamado Ómnibus I, que simplifica varias normas sobre sostenibilidad, entre ellas la CSRD, la CSDDD, la taxonomía de la UE y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM).
La propuesta de informe elaborada por un eurodiputado popular sueco se centra en disminuir la burocracia para las empresas, proponiendo umbrales más altos para la presentación de los informes requeridos, así como aumentar el número de empleados y el volumen de negocios. De la misma forma, el ponente quiere limitar la información que las grandes compañías pueden solicitar a sus socios comerciales más pequeños. Sobre el plan de transición climática, se pide derogar sus disposiciones por considerarlas desproporcionadas, y se propone el establecimiento de un portal digital único para facilitar el cumplimiento de los informes.
En cuanto a las enmiendas con firma española que se debatirán en el Comité, hacen hincapié en la necesidad de aumentar ese umbral de aplicación a través de una ampliación de la obligación de informar individualmente a empresas que superen los tres mil empleados y un volumen de negocios neto mundial de más de 450 millones de euros.
El impacto de la propuesta
Para mitigar el efecto cascada sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el PP quiere reducir la información que las entidades pueden reclamar a sus socios en la cadena de valor que no estén obligados a informar, restringiéndolo a lo especificado en las normas de uso voluntario.
Además, se ha solicitado que la Comisión adopte directrices sectoriales específicas para apoyar a las empresas en sus evaluaciones de materialidad. Por su parte, desde Los Verdes se exige el rechazo total de la propuesta de la Comisión, y desde el PSOE se habla de mantener la ambición regulatoria original. Los socialistas son partidarios de mantener los umbrales de aplicación originales y se oponen a eliminar las obligaciones de información sectorial.
Celebraciones en la familia de la derecha
Fuentes de la delegación española del Partido Popular Europeo, a las que ha tenido acceso Demócrata, explican que «al reducir las obligaciones excesivas de información, se libera a las empresas de una burocracia innecesaria para que puedan invertir en innovación y en seguir siendo competitivas». Sostienen en el partido que con la votación de hoy, han cumplido con su compromiso de reducir la burocracia y las cargas innecesarias, por lo que piden al resto de grupos que tras la votación se sumen a sus demandas.
Dentro del grupo de los Patriotas, del que forma parte Vox, no ocultan su optimismo al observar que la conocida como «mayoría proeuropea» se ha visto fragmentada en la votación. «Esta votación devuelve el debate al realismo», declaró Pascale Piera, eurodiputado y ponente del grupo. «Durante demasiado tiempo, el Pacto Verde ha castigado a nuestras industrias, agricultores y trabajadores en nombre de la ideología. Nuestro objetivo sigue siendo claro: derogar este marco por completo y sustituirlo por políticas que fortalezcan la competitividad, la seguridad energética y el liderazgo tecnológico«.
“El PP es un partido sin ideas. Siempre ejecuta lo que dicta la izquierda. Pero cuando somos los patriotas los que marcamos el ritmo, ganan las empresas, ganan los trabajadores y gana Europa”, ha señalado el jefe de la delegación española de los Patriotas, Jorge Buxadé. A lo largo del debate, se han llegado a aprobar tres enmiendas del grupo de ultraderecha que atacan la arquitectura del Pacto Verde Europeo.
En concreto, por parte de la familia de Vox, ha salido adelante una enmienda que reconoce «el impacto negativo extremo de las obligaciones de sostenibilidad sobre empresas y pymes» y otra que subraya la necesidad de reducir cargas regulatorias para «preservar la competitividad».
«Rompe un acuerdo común»
Por su parte, el vicepresidente de la Eurocámara y eurodiputado socialista, Javi López, ha lamentado a la salida del Pleno que el Partido Popular haya abandonado lo que consideran compromisos históricos. «Se rompe de forma incomprensible un acuerdo común. Han decidido unir sus votos a una extrema derecha negacionista del cambio climático«, ha sentenciado.
Ahora, el texto volverá al Comité de Asuntos Jurídicos para comenzar las negociaciones con el Consejo. Las mismas fuentes populares declaran la voluntad del partido de centroderecha de que estas conversaciones finalicen antes de que termine este año, «ya que se trata de una cuestión de máxima urgencia para las empresas europeas, que esperan que actuemos», dicen en Génova.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha expresado que la institución seguirá simplificando la vida de los ciudadanos. Lo hará, explica, reduciendo la burocracia y garantizando un futuro sostenible para todos. «El Parlamento ha hablado», concluye.
