Europa quiere llegar a la próxima Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en Brasil con una postura unificada. Eso pasa por alcanzar un acuerdo esta semana sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 90% de cara a 2040 y la contribución nacionalmente determinada; algo que discutirán los ministros del ramo en la reunión extraordinaria del Consejo de Medioambiente.
Un encuentro del que puede salir un «enfoque general» acerca de la modificación de la ley climática que fije esos umbrales intermedios, de cara a culminar en la neutralidad climática prevista para dentro de veinticinco años.
Ante esta reunión, la vicepresidenta ejecutiva y comisaria europea de Transición Limpia, Teresa Ribera, advirtió a los Veintisiete que «retrasar la acción climática o reducir los objetivos por debajo de la senda prevista es una invitación a quemar dinero y perder oportunidades de inversión». Así, la número dos del Ejecutivo comunitario apeló «a apostar por la verdadera competitividad europea, comprometida socialmente y coherente ambientalmente».
En este debate, España se sitúa a favor de la propuesta presentada por la Comisión Europea para que estas emisiones se rebajen de forma drástica, en comparación con los niveles de 1990. En este sentido, la posición de la delegación pasará por apoyar la cifra y la enmienda sobre la ley del clima. Fuentes diplomáticas se muestran optimistas ante la discusión, aunque advierten que «no hay que dar nada por descontado».
El Gobierno quiere el 90%
Fue la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, la que definió la postura española como de «ambición sin fisuras». «La ambición tiene que ir de la mano de la ciencia, y de la mano de la senda de la descarbonización», declaró. Según la vicepresidenta, lo que se discute es «algo tan importante como aprobar la propuesta de reducción de emisiones lo antes posible» y celebró que se incluyeran herramientas para facilitar ese objetivo. «La Unión Europea siempre ha demostrado ese liderazgo interno», reconoció.
Del mismo modo, el texto que se debate definirá los elementos y condiciones que el Ejecutivo comunitario deberá reflejar en su propuesta legislativa para el marco posterior a 2030, con el objetivo de que las capitales lleguen a los umbrales fijados para diez años más tarde.
Los ministros ya se reunieron en septiembre, sin embargo se emplazaron a la reunión de esta semana para plasmar los resultados de las conversaciones sobre el papel. Entonces, reconocieron los avances conseguidos y pusieron el foco sobre la necesidad de evaluar el papel futuro de los créditos internacionales de carbono y los sumideros naturales de carbono. Todo ello sobrevolará la cita actual.
Con la propuesta, la Comisión dice proporcionar previsibilidad a las empresas e inversiones, a la vez que se alinea con el Acuerdo de París. De este modo, se pretende impulsar la descarbonización como motor de crecimiento económico a través del «Acuerdo Industrial Limpio» de la Unión.
«El acuerdo sobre el objetivo climático del 90% es como un faro para guiar nuestras acciones futuras,» declaró Ribera en el momento en el que se presentó la propuesta comunitaria. La española justificó la iniciativa como la respuesta a los europeos que están a favor de la acción por el clima. «No estamos eligiendo entre la economía y la agenda ecológica, nos quedamos con ambas», sentenció.
Mayor flexibilidad
La idea es diseñar una arquitectura política posterior a 2030. Ahí se incluirán medidas que apoyasen la competitividad industrial y asegurasen una transición justa para los Estados. Para lograrlo, está sobre la mesa la posibilidad de hacer un uso limitado de los créditos internacionales de carbono a partir de 2036.
El texto que se debate incluye un procedimiento diferente para alcanzar ese objetivo intermedio de 2040. El elemento central son las flexibilidades que serán tenidas en cuenta en el momento de diseñar los instrumentos legislativos para lograr los umbrales.
Se incluye también el uso de absorciones permanentes de carbono nacionales en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE) y una mayor flexibilidad en todos los sectores para ayudar a alcanzar los objetivos de manera rentable y socialmente justa.
La contribución limitada de estos créditos, en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París, abordará la propuesta de que el 3% de las emisiones netas de la UE de 1990 pueda contarse para el objetivo de 2040. Eso sí, siempre y cuando estos provengan de actividades creíbles y transformadoras.
De esta forma, los Estados miembros tienen la posibilidad de compensar el resultado del sector del uso de la tierra en dificultades gracias a la superación del objetivo en la reducción de las emisiones en los residuos y el transporte.
Una cifra ambiciosa
Los defensores de la propuesta, entre ellos España, se escudan en una recomendación de la Junta Científica Europea sobre el Cambio Climático (ESABCC) que ya recomendó una reducción de entorno al 95% hace dos años. Además, una evaluación de impacto consideró la cifra la más adecuada para lograr la neutralidad climática.
Aunque la propuesta no tiene un impacto financiero directo, ni requiere recursos humanos adicionales, la transición cuenta con mecanismos existentes. Entre ellos se encuentra el Fondo Social para el Clima (SCF), que pondrá a disposición 86.700 millones de euros a partir de 2026 para apoyar a individuos y microempresas vulnerables en las transiciones energética y de transporte.
De cara a Belém
La próxima semana se celebra en Brasil la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30). Ahí, la Unión espera llegar con una declaración conjunta acerca de la contribución determinada a nivel nacional de la UE.
En esta línea, los Estados están obligados a actualizar sus Contribuciones cada cinco años. En ellas se detallan los esfuerzos realizados por cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. La UE presenta una única NDC en nombre de la UE y sus Estados miembros.
La Comisión afirma que con el objetivo propuesto «se envía una señal a la comunidad internacional» porque la UE «mantendrá el rumbo en materia de cambio climático, cumplirá el Acuerdo de París y seguirá colaborando con los países socios para reducir las emisiones mundiales.»
Juegos de mayorías
Se requerirá del apoyo de una mayoría cualificada para que la medida pueda prosperar en la reunión ministerial. Esto supondría que 15 de los 27 ministros de la sala diesen su visto bueno a la medida o que los Estados favorables representen al menos al 65% de la población de la Unión.
En 2020, la tramitación de la Ley del Clima se acordó por unanimidad. Ahí se acordó incrementar el objetivo de reducción de emisiones de la UE a 2030 hasta, al menos, un 55%, el envío a Naciones Unidas de una nueva NDC de la UE que refleje la nueva ambición climática europea y el apoyo a la Ley del Clima europea, que incluía el nuevo objetivo a 2030. «El objetivo a 2030 es la señal necesaria para que todos avancemos hacia la neutralidad climática a mediados de siglo y para la puesta en marcha de una recuperación europea basada en la ambición climática», defendió la por entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
«La propuesta de la Comisión es clara. Nuestro objetivo, junto con la presidencia danesa, es lograr la mayoría cualificada para alcanzar el 90%,» explicó Aagesen en septiembre.