La Comisión Europea ha instado a diseñar una hoja de ruta para eliminar progresivamente la tarifa regulada de la electricidad. El organismo comunitario reclama que los Estados que aún mantienen precios intervenidos —como el caso del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)— establezcan plazos concretos y medidas claras para su desaparición.
Bruselas defiende que las tarifas reguladas pueden tener sentido como medida temporal para proteger a consumidores vulnerables, pero advierte de que su mantenimiento a largo plazo distorsiona la competencia y reduce los incentivos a la eficiencia energética.
Actualmente, alrededor del 29% de los hogares españoles siguen acogidos a este sistema, lo que sitúa a España entre los países europeos con mayor peso de precios intervenidos.
La Comisión insiste en que los comercializadores deben poder fijar libremente los precios, tal como establece la normativa europea, y pide avanzar hacia un modelo con señales de mercado más transparentes.
Refuerzo de la supervisión tras la crisis energética
En paralelo, Bruselas plantea endurecer la supervisión financiera de las comercializadoras eléctricas para evitar crisis como las vividas entre 2021 y 2022, cuando la volatilidad de precios provocó quiebras en el sector.
La propuesta incluye:
- Test de estrés obligatorios
- Control de estrategias de cobertura frente a subidas de precios
- Informes periódicos sobre solvencia y riesgos
El objetivo es garantizar que las empresas puedan resistir escenarios de alta volatilidad sin trasladar el impacto a los consumidores.
Más poder para los reguladores
La Comisión propone reforzar el papel de organismos como la CNMC, que en España sería responsable de vigilar la salud financiera de las comercializadoras y su exposición al mercado.
Además, plantea una mayor coordinación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales ante la creciente complejidad del sistema eléctrico.
El paquete de recomendaciones también impulsa el desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas, con el objetivo de transformar a los consumidores en agentes activos dentro del sistema eléctrico.
Bruselas apuesta por eliminar barreras regulatorias, facilitar el acceso a la red y acelerar la digitalización para fomentar un modelo más descentralizado y basado en energías renovables.