Se acaba el tiempo para tomar una decisión, mientras las potencias avanzan en su discusiones. Desde hace tres años sobrevuela en Europa la idea de utilizar los activos rusos congelados en las entidades del continente para sufragar las necesidades financieras de Ucrania, o al menos esa es la opción predilecta de la líder del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. Sin embargo, ahora parece ser el momento determinante para que la medida prospere. El Plan B consistiría en impulsar la deuda comunitaria con el objetivo de cubrir las necesidades de Kiev.
En este punto, días antes de la cumbre de los líderes de los Veintisiete de la que debería salir un acuerdo, las delegaciones del continente pueden estar más alejadas que nunca. ¿Por qué? Existen países como Hungría o la propia Bélgica, escéptica desde el comienzo con esta medida, que alegan que la propuesta carece de garantías jurídicas que protejan a los Estados de posibles reprimendas por parte del Kremlin.
La antesala del baile
Hace apenas unos días, los embajadores europeos sellaron un acuerdo por el cual, a través del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, se inmovilizaron de forma indefinida las partidas del Kremlin. Se trata de una cláusula de emergencia que permite al Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, adoptar medidas excepcionales en situaciones “de grave dificultad”.
Fuentes negociadoras explican que las conversaciones partieron del artículo 31 del Tratado, que regula cómo se toman las decisiones en política exterior. Ahí se establece la regla general de unanimidad en el Consejo, con algunas modulaciones y excepciones. Finalmente, los Estados optaron por fundamentar el bloqueo indefinido de las partidas de Moscú en base al ya famoso 122.
Una especie de “dime qué necesitas y te busco el artículo”; en esa línea se expresan fuentes diplomáticas que desde el principio se han mostrado reticentes al uso de la mayoría cualificada para un asunto de esta relevancia.
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Sobre esto ya se ha expresado Budapest. Viktor Orbán califica el paso dado, con el voto en contra de su país y Eslovaquia, de “declaración de guerra”. “Violando la legislación europea a plena luz del día, los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos. Hungría no participará en esta retorcida estrategia bruselense”, afirmó el mandatario.
La Comisión justificó entonces que la medida era legal debido al daño económico que la guerra de agresión estaba produciendo a Ucrania y a los ataques híbridos que Rusia está produciendo a la economía europea. Sin embargo, a día de hoy las dudas persisten en las delegaciones.
En esa primera votación, que puede servir de espejismo de las que se producirán esta semana, Bélgica optó por no bloquear la iniciativa pese a su todavía negativa al objetivo final. Euroclear, de nacionalidad belga, es la entidad que cuenta con el grueso de estos activos. De ahí la inquietud que genera la propuesta al gobierno nacionalista de Bart De Wever.
Los belgas dudan
Cabe tener en cuenta que Bélgica cuenta con un tratado bilateral de protección con Rusia. Esta relación prevé arbitraje internacional, lo que supone que de usarse las partidas sin la autorización de Moscú, quien debería responder sería el propio país y no la UE en su conjunto.
Por ello, Alemania ha introducido una nueva arista. El canciller Friedrich Merz ha planteado la posibilidad de que todos los Estados miembros de la Unión asuman “el riesgo” que podría suponer el embargo. De lo contrario, según su criterio, “la capacidad de intervención de la UE se vería enormemente dañada durante años”.
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No es tarea fácil. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoce ya en abierto la complejidad de las conversaciones. “Son muy duras, muy difíciles”, fueron las palabras elegidas. Sin embargo, los obstáculos pueden ir a más. En los últimos días, a Bélgica se le han unido Roma, Bulgaria y Malta. El horizonte: una votación en la que se requerirá mayoría cualificada para hacer uso de las partidas.
El Ejecutivo comunitario ha diseñado una estrategia por la cual, mediante la ley de reparaciones, poder aliviar la presión sobre el país de De Wever. Así, creen en Bruselas, la carga recaería en todo el continente “porque entonces se trataría de una propuesta europea y sería Europa la responsable, no Bélgica”.
¿Se tambalean las mayorías?
Para bloquear la decisión se necesita la negativa de al menos cuatro Estados, que representen más del 35 % de la población de la UE. Tal y como están las cartas ahora mismo sobre la mesa, existe un margen por el que se podrían combinar teóricamente esa mayoría de bloqueo.
Los países aparentemente en contra (Italia, Bélgica, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia) representan aproximadamente un 21 % de la población de los Veintisiete. El grupo no podría bloquear por sí solo una decisión adoptada por mayoría cualificada. Se sigue necesitando sumar al menos un Estado como Alemania, Francia, España o Polonia para superar el umbral demográfico.
España ya se ha posicionado en repetidas ocasiones a favor de la propuesta de la Comisión. Eso sí, en Moncloa no ocultan las expectativas de que las conversaciones jurídicas “sean muy complejas”. “La creatividad jurídica es algo que se aprecia en la legislación europea”, bromean en el núcleo duro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde también argumentan que “las dudas de los Estados han sido explicitadas, y a raíz de ahí se han hecho contrapropuestas que ahora se estudian”.
Explican en el departamento de Von der Leyen que el préstamo de reparación para Ucrania se financiaría “pidiendo prestados” los saldos de caja que se acumulan en las instituciones financieras de la Unión. Un préstamo que sería de “recurso limitado”, lo que viene a significar que Kiev solo debería reembolsarlo una vez que recibiera las reparaciones de la guerra por parte del Kremlin. Sin embargo, no solo se busca la reparación, sino que una parte significativa iría destinada a impulsar la capacidad industrial.
Evitar el harakiri
“Tomaríamos los saldos de efectivo, se los otorgaríamos a Ucrania como préstamo, y Ucrania tendría que devolver este préstamo siempre y cuando Rusia pague las reparaciones. Esta solución puede aprobarse por mayoría cualificada”, especificó la máxima dirigente comunitaria. La alemana asegura que irían destinados al apoyo presupuestario para el país de Volodímir Zelenski, así como a revitalizar su base industrial en defensa.
Lo cierto es que el importe máximo del préstamo sería de 210.000 millones y estaría disponible hasta el 31 de diciembre de 2030. Así, explican en el Ejecutivo que Rusia, como responsable de un acto internacionalmente ilícito, tiene la obligación de hacer una reparación total por el daño causado, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario y el proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional.
En la capital comunitaria sostienen que la prohibición de transferencias al Banco Central de Rusia (BCR) genera una acumulación extraordinaria de saldos de caja en los balances de las instituciones financieras. Estos saldos no son propiedad del BCR y no constituyen activos soberanos, por lo que la propuesta no afectará la reclamación de bloqueo ni debería interferir con sus derechos de propiedad.