El sector agrícola europeo ha lanzado una advertencia a la Unión Europea ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán. Organizaciones como COAG y Copa-Cogeca han alertado de que la combinación de inestabilidad geopolítica y subida de costes podría desembocar en una crisis alimentaria en la UE si no hay una respuesta urgente desde Bruselas.
Subida de costes y presión energética
La guerra en Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz han provocado un incremento del precio del gas natural en Europa, con efectos directos sobre toda la cadena agroalimentaria.
Según el secretario general de COAG, Miguel Padilla, los fertilizantes nitrogenados han subido más de un 50% en un mes, mientras que el coste del combustible agrícola se ha llegado a triplicar respecto a niveles previos al conflicto. Estos incrementos están afectando de forma directa a las campañas de siembra y a la viabilidad de muchas explotaciones.
Bruselas, bajo presión para reaccionar
Durante una reunión informal de ministros de Agricultura en Chipre, Copa-Cogeca reclamó a la Unión Europea medidas urgentes para frenar el deterioro del sector. Su presidente, Massimiliano Giansanti, advirtió de que la situación actual es insostenible: “Se avecina una crisis alimentaria y no podemos permitirnos esperar”, señaló.
La organización sostiene que la debilidad de los mercados, unida al aumento de costes energéticos, fertilizantes, piensos y logística, está poniendo en riesgo la continuidad de miles de explotaciones en Europa.
Un contexto acumulado de crisis
El sector agrario recuerda que esta situación no es aislada. A la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania se suma ahora el impacto del conflicto en Oriente Medio, generando una presión acumulada sobre el campo europeo.
Desde Copa-Cogeca se advierte de que las medidas actuales de la UE, como el Marco Temporal de Crisis Energética o el plan AccelerateEU, son insuficientes frente a la magnitud del problema.
La PAC, en el centro del debate
En paralelo, el sector mantiene su presión sobre la reforma del Presupuesto Agrario Común (PAC). COAG rechaza su posible integración en un fondo conjunto con la política de cohesión, al considerar que supondría un debilitamiento del apoyo a las explotaciones.
Entre sus propuestas, destaca el mantenimiento de los dos pilares de la PAC y la limitación de ayudas directas a 60.000 euros por beneficiario para garantizar que los fondos lleguen a agricultores activos, además de reforzar las políticas de relevo generacional y desarrollo rural.