Una nueva votación en el Parlamento Europeo ha servido para revelar lo que algunas voces en Bruselas venían avisando desde el inicio de la legislatura: la posibilidad de que se dé marcha atrás en algunas normativas climáticas. Esta vez fue en el debate sobre el retraso en la aplicación de la ley de Deforestación donde la derecha y la extrema derecha europeas unieron sus fuerzas en contra de lo que había sido una de las «banderas» en materia de transición verde por parte de la Comisión Europea. La próxima semana está prevista la presentación del paquete Ómnibus medioambiental.
La normativa que ahora se ha frenado, un año más, aborda el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, así como derivados tales como cuero, chocolate o muebles. Lo que se proponía en un principio era que aquellas compañías que importen en el continente dichas materias debían garantizar mediante un sistema de geolocalización que no habían generado deforestación en el lugar de obtención de los recursos. Tras dos años de retrasos, el Ejecutivo comunitario había propuesto su entrada en vigor para el próximo mes. Sin embargo, los Estados miembros adoptaron la postura favorable al retraso en pro de la «simplificación».
Lo cierto es que es la segunda vez en un mismo mes que ocurre que una iniciativa legislativa relacionada con el medioambiente ve su articulado modificado por la «mayoría Venezuela» en el Parlamento Europeo. Esto supone el apoyo del Partido Popular, junto con el Grupo de los Patriotas, del que forma parte Vox, y los Soberanistas, también de ultraderecha. Todo ello, con la negativa de los Socialistas, algo que no había ocurrido en Bruselas hasta la votación del primer paquete Ómnibus.
Ante preguntas de Demócrata, la Comisión Europea ha evitado pronunciarse acerca de si Europa está retrocediendo en su ambición climática. «Seguimos las negociaciones en curso, pero no hacemos comentarios», expresó un portavoz del Ejecutivo a este medio al término de la última votación en Estrasburgo.
Diligencia debida
Por primera vez en la Unión Europea una iniciativa legislativa salía adelante con el rechazo de la familia socialista, después del fracaso durante sus negociaciones. ¿Lo que se discutía? Reducir las exigencias climáticas a las pequeñas y medianas empresas. En concreto, se trataba de la votación del primer paquete de simplificación que presentó la Comisión Europea que modificaba varias normas sobre sostenibilidad, entre ellas la CSRD, la CSDDD, la taxonomía de la UE y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM).
Los Populares acabaron imponiendo su propuesta para que los umbrales de tamaño de las empresas sujetas a las normas de información de sostenibilidad corporativa y diligencia debida se elevasen de forma significativa. Su planteamiento pasaba por que solo estuvieran obligadas a cumplir con esta medida las compañías que cuenten con más de 1.750 empleados y una facturación anual de 450 millones de euros. El Ejecutivo comunitario planteó en un primer momento que se estableciese la medida en la cifra de mil empleados.
En un primer momento, se alcanzó un acuerdo entre populares, socialistas, liberales y verdes para mantener los umbrales que estipula el Ómnibus en unos niveles intermedios. Sin embargo, la medida decayó en el pleno, ya que bajo el secreto de votación, solicitado por el grupo de los Patriotas —del que forma parte Vox—, los socialistas rompieron filas. Existía un malestar entre sus filas por la falta de ambición que podían presentar las normas sobre responsabilidad empresarial tras la reforma.
En declaraciones a Demócrata, el eurodiputado socialista José Cepeda expresó que la votación suponía «un punto de inflexión» en la visión que se venía desarrollando en los últimos años. «Este posicionamiento deja en evidencia una estrategia que puede ser preocupante. El grupo socialista está a favor de cierta simplificación en algunos aspectos, pero otra cosa es utilizar esa excusa —la piedra que puso Von der Leyen— para desregular. Estamos a favor de simplificar, no de desregular. Este es el primer paso hacia la desregulación de materias muy importantes«, explicó el socialista.
Deforestación
El Reglamento Europeo sobre deforestación defiende que determinados productos solo podrán ser comercializados en el mercado comunitario si han sido producidos legalmente y proceden de tierras que no hayan sido degradadas para su obtención. La norma se centra en controlar la trazabilidad de productos como la soja, el aceite de palma, la carne bovina, la madera o el café. Lo que se perseguía era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a la vez la biodiversidad.
Ahora, por el trámite de urgencia, los eurodiputados han votado a favor de una reforma que ofrece una mayor flexibilidad a los operadores primarios micro y pequeños de naciones consideradas de bajo riesgo. Desde los grupos de la derecha creen que esto permitiría aliviar las obligaciones para estos operadores, así como para aquellos comerciantes que distribuyan estos productos en el mercado de la UE, una vez sean introducidos.
Fue la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, la que promovió que la simplificación no se aplicase a las grandes empresas a partir de 2026. Sin embargo, el Consejo Europeo decidió extender la medida a todas las compañías en una votación que logró el respaldo de 24 Estados miembros. Ahora, la Eurocámara lo que ha venido es a apoyar la postura adoptada por los Veintisiete, en contra del Ejecutivo comunitario.
Ómnibus medioambiental
Ribera tiene previsto presentar la próxima semana un nuevo paquete de simplificación regulatoria, esta vez relacionado con el medioambiente. Según explican en su gabinete, la propuesta reunirá una serie de medidas para reducir la legislación relativa a la economía circular, las emisiones industriales y la gestión de residuos.
En julio, la Comisión abrió un proceso de consulta a las partes interesadas. Según explicó la comisaria de medioambiente, Jessika Roswall, el objetivo era «recopilar información sobre cómo simplificar la legislación ambiental sin comprometer nuestros altos estándares ambientales». «Reducir la carga administrativa de las leyes ambientales contribuirá a que sean más eficaces y garantizará una mejor protección ambiental a largo plazo», defendió.
Entre las normas con más posibilidades de sufrir modificaciones, el Sistema de Información sobre el Comercio de Productos, diseñado para gestionar datos relacionados con la sostenibilidad, y la legislación de responsabilidad ampliada del productor. Esto último era algo que venían reclamando las empresas químicas y farmacéuticas por la obligación que incluyen de pagar por la eliminación de residuos de productos de las aguas residuales.
Emisiones
Existen fuentes europeas que creen que entre aquellas normas que pueden sufrir cambios también se encuentra la Normativa Clean Air For Europe (CAFE). Mediante esta, se establecen límites estrictos para la cantidad media de dióxido de carbono que los coches europeos pueden emitir. Para el período 2025-2029 el límite es de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro, y se exige a los fabricantes reducir sus emisiones en un 15% respecto a niveles iniciales de la década. Las sanciones por superar estos límites pueden ser elevadas, con multas de hasta 95 euros por cada gramo excedido multiplicado por el número de vehículos vendidos.
Lo cierto es que la Comisión ya ha introducido nuevos instrumentos de flexibilidad para los próximos dos años. Esto permite que los fabricantes promedien sus niveles de emisiones a lo largo de tres años para facilitar la inversión y la adaptación del sector a la movilidad sostenible.
Fabricantes y grupos automovilísticos van más allá y piden que la simplificación cubra no solo las emisiones directas del tubo de escape sino toda la cadena de valor, incluyendo la producción. Denuncian que la sobrerregulación dificulta la rápida adaptación a nuevas tecnologías.
Carbono extranjero
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) es otra de las normativas que podría hacer frente a una nueva modificación. Su entrada en vigor de forma plena está prevista para el próximo año y lo que pretende es nivelar el precio del carbono entre los productos fabricados dentro del continente y los importados.
En Bruselas defienden que los importadores de bienes intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero, como cemento, hierro, acero o aluminio, paguen por las emisiones de carbono generadas durante su producción un costo equivalente al que pagan los productores europeos dentro del sistema de comercio de emisiones de los Veintisiete.
Lo que se persigue es evitar la «fuga de carbono», es decir, que las empresas trasladen la producción a países con regulaciones climáticas menos estrictas para evadir costos ambientales. En conversación con Demócrata, la eurodiputada popular Susana Solís pidió reforzar este mecanismo. «Es clave cerrar las lagunas que permiten su elusión». «La Comisión se ha comprometido a revisarlo antes de final de año, y esperamos que sea una revisión ambiciosa», concluyó.
Comercio de emisiones
Además, hay grupos en el Parlamento Europeo que sopesan posponer un año el conocido como ETS2, Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, que se enfoca en sectores que representan una parte importante del total de emisiones, específicamente el transporte por carretera y la calefacción de edificios.
El ETS2 opera bajo el principio de «cap and trade», donde se establece un límite máximo (cap) para las emisiones totales autorizadas en estos sectores, y los proveedores de combustibles y energía deben comprar derechos de emisión proporcionales a las emisiones que generan sus productos.
A diferencia del sistema original, este sistema no otorga derechos gratuitos. De esta forma, todos los certificados se subastarán. Esto podría afectar a los precios de los combustibles y la energía. Además, se preveía la creación de un Fondo Social para el Clima con el objetivo de mitigar el impacto económico en los hogares más vulnerables.
Fracturas internas
Lejos de estos debates legislativos, en las últimas semanas también se han evidenciado las fracturas internas entre las delegaciones de misma familia ideológica en asuntos como los medioambientales. Durante una votación en la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo, la delegación española del Partido Popular decidió discrepar del sentido de voto de su familia política a nivel comunitario.
En concreto, fueron tres eurodiputados populares españoles los que unieron sus votos a los de los partidos de extrema derecha para rechazar el establecimiento de un objetivo intermedio de reducción de emisiones hasta un 90% para 2040. Lo relevante de la cuestión es que la mayoría de eurodiputados populares europeos presentes durante la votación se posicionaron a favor de la medida, al contrario que los españoles. Más allá de los propios parlamentarios, la propuesta que se debatía era una iniciativa de la Comisión Europea, que dirige la popular Ursula von der Leyen.