La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha avanzado en la tramitación de la reforma sobre la regulación de los derechos de los pasajeros aéreos, que actualmente se encuentra en una de sus fases más decisivas. La Eurocámara quiere fortalecer la protección de los viajeros frente a denegaciones de embarque, cancelaciones, retrasos prolongados y problemas con el equipaje. El camino legislativo que está siguiendo la iniciativa está abriendo nuevos precedentes en Bruselas. Fuentes consultadas por Demócrata explican que el Consejo estaría avanzando en una segunda lectura sin coordinar con el Parlamento, quien aún tenía pendiente su proceso en primera lectura.
En algo están de acuerdo la práctica mayoría de los grupos del Parlamento. Se trata de la necesaria actualización de la normativa para que, más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se asegure un equilibrio justo entre los derechos de los consumidores y la competitividad de las aerolíneas.
Un paso adelante
Así, lo que viene persiguiendo en los últimos casi diez años el Parlamento es el objetivo de no permitir ningún retroceso en los derechos ya existentes. Por ello, los grupos se oponen a aumentar los umbrales de tiempo para las indemnizaciones o a reducir las cuantías actuales. Por ejemplo, defienden mantener el umbral de tres horas de retraso como activador del derecho a compensación económica.
Entre los cambios más significativos está la intención de condicionar una definición estricta de "circunstancias extraordinarias" para evitar que las compañías rechacen reclamaciones de forma arbitraria.
Con la posición del Parlamento, se pretende distinguir entre eventos inherentes al ejercicio normal de la actividad (internos, como fallos técnicos, descubrimientos en mantenimiento rutinario o huelgas de personal propio) y eventos fuera del control real del transportista (externos, como desastres naturales o inestabilidad política).
Los eurodiputados han propuesto la creación de una lista de situaciones que no constituirían circunstancias extraordinarias, tales como la escasez de tripulación o retrasos en la rotación de aeronaves.
Equipaje "de mano"
La reforma aprovecharía también para clarificar qué pueden llevar los pasajeros en cabina sin costes adicionales. De esta forma, se aclararía que "el equipaje de mano es un aspecto necesario" del transporte y, por tanto, no deberá estar sujeto a suplementos de precio, siempre que cumpla los requisitos razonables de peso y dimensiones.
Se ha propuesto que cada pasajero tenga derecho a llevar una pieza de equipaje de mano de forma gratuita, siempre que cumpla con unos límites estipulados.
Sus dimensiones deberían ser de un máximo de 100 cm (sumando largo, ancho y alto) y un peso máximo de 7 kilos, de tal forma que pueda ser ubicado en los compartimentos superiores o, si es necesario por razones de seguridad, pueda ser reubicado por la compañía en la bodega sin coste alguno para el pasajero. En este último caso, la aerolínea se hará cargo de devolver el equipaje al pasajero en la puerta del avión al desembarcar.
Los pasajeros tendrían derecho a llevar un artículo personal, lo que podría ser un bolso pequeño o mochila, que quepa bajo el asiento delantero sin cargo alguno. Además, se introducen normas específicas para permitir el transporte de instrumentos musicales en la cabina o en compartimentos de carga calefactados.
En caso de que el instrumento sea demasiado grande, la aerolínea deberá permitir que se transporte en un asiento adicional pagando una segunda tarifa. Esta no deberá estar sujeta a tasas aeroportuarias de salida.
¿Alguien al teléfono?
Con el objetivo de acabar con la dependencia de agencias de reclamaciones externas, el Parlamento ha propuesto una serie de medidas de cuasi-automatización. Las aerolíneas tendrían la obligación de proporcionar proactivamente al pasajero un formulario de reclamación ya cumplimentado en un plazo de 48 horas tras una incidencia.
La Eurocámara exige la creación de puntos de contacto en cada aeropuerto, con personal disponible para asistir a los pasajeros afectados y aceptar quejas de inmediato.
Con la reforma se reforzarían también los derechos de personas con discapacidad, menores no acompañados y familias. Por ejemplo, si un pasajero con movilidad reducida pierde su vuelo por falta de asistencia en el aeropuerto la aerolínea tendrá que ser la responsable de la compensación y asistencia.
Se garantizará de igual forma el derecho a que los acompañantes de estos viajeros y niños sean sentados en asientos adyacentes de forma gratuita.
"Las normas sólidas generan confianza"
En declaraciones a Demócrata, uno de los eurodiputados encargados de negociar la posición del Parlamento, Vicent Marzà, abre la puerta a que el expediente legislativo entre en una fase de conciliación. "Estamos plenamente preparados para afrontarla con el mismo nivel de rigor, unidad y compromiso con la protección de los derechos que ha guiado nuestro trabajo hasta ahora", defiende el miembro de la familia de los Verdes.
Marzà muestra su voluntad de que en las futuras negociaciones el consejo "reconozca el valor añadido de la posición unánime del Parlamento". "Las normas claras y sólidas generan confianza, seguridad jurídica y un terreno de juego equilibrado, beneficiando tanto a los pasajeros como a las aerolineas responsables", apela a las capitales".
Defienden en su grupo que los "derechos de las personas pasajeras van de la mano de la competitividad de las aerolíneas europeas, pese a lo que algunos siguen afirmando". "A la ciudadanía europea quiero trasladarle que el Parlamento seguirá firmemente de su lado, combatiendo las prácticas abusivas sobre las que algunas aerolíneas han construido su modelo de negocio", concluye el eurodiputado valenciano.
No será camino fácil
Lo cierto es que el texto se encuentra en "segunda lectura" y en negociaciones desde hace más de una década. En junio, los ministros de Transportes de la Unión llegaron a un acuerdo y se alinearon con las aerolíneas a favor del cobro del equipaje de mano. La postura negociadora del Consejo salió adelante con el rechazo de Alemania, Portugal, Eslovenia y España.
Además, los Veintisiete acordaron obligar a las empresas a avisar a los pasajeros en el menor plazo de tiempo posible, lo que incluía la opción de hacerlo incluso a través de otras compañías o medios de transporte. Aun así, se estipuló que los retrasos de más de cuatro horas en vuelos dentro del continente darían lugar a una indemnización de 300 euros.
En diciembre, las conversaciones entre el Consejo y el Parlamento fracasaron en su primer intento de consensuar una posición. En concreto se celebraron tres reuniones de trilogos sin alncanzar un mandato de negociación. Los colegisladores chocan frontalmente en el umbral de retraso que da derecho a compensación económica. Mientras el Consejo, con una mayoría de Estados, propone elevarlo a cuatro horas para vuelos cortos y seis de largo recorrido la Eurocámara defiende mantener el criterio actual de tres horas. Los eurodiputados sostienen que la propuesta del Consejo beneficiaría a las aerolíneas al reducir el número de indemnizaciones. Los Veintisiete sostienen que busca un sistema "más realista y jurídicamente claro".
Ahí, el otro punto de fricción es el equipaje de mano y los servicios incluidos en el billete. El Consejo abrió la puerta a dicho cobro, garantizando solo un pequeño bulto gratuito, algo que el Parlamento rechaza de plano. Los parlamentarios piden acotar de forma estricta "las circunstancias extraordinarias" que eximen a las empresas de pagar compensaciones y reforzar las obligaciones de información. Esta última propuesta no convence a los Estados, que apuestan por un enfoque más flexible para las empresas.
Actualmente, Chipre es el país que dirige el bloque de los Veintisiete. Sin embargo, crece la presión para desbloquear la medida. ¿Por qué? Tras la presidencia chipriota del Consejo será el turno de Irlanda. Dublín es una de las capitales alineadas con la mayoría del Consejo en pro del pragmatismo durante las conversaciones.
Próximos pasos
Ahora, el texto llegará al Pleno del Parlanento, donde se votará para rechazar la última posición del Consejo y aprobar las enmiendas presentadas, lo que requiere de mayoría absoluta.
De ratificarse, el expediente pasará formalmente a conciliación. De esta forma, se constituirá un Comité de Conciliación con trece miembros del Parlamento y trece mienbros del Consejo. Tendrán un plazo de seis senanas, prorrogables dos, para negociar un texto común.