QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno español ha recibido el aviso de la Comisión Europea por el incumplimiento a la hora de aplicar la normativa comunitaria en la legislación nacional. Así lo revela el último paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción del organismo. Mediante este documento se emprenden acciones jurídicas contra aquellos Estados que no cumplen con sus obligaciones. En concreto, España llega tarde en materias como la migración, la seguridad, la movilidad y la estabilidad financiera.
La actuación del Ejecutivo, que abarca distintos ámbitos de actuación europeos, trata de velar por «la correcta aplicación del Derecho de la Unión» en beneficio de ciudadanos y empresas. Cuando se detectan esos retrasos en la transposición de normativas, se envía a las capitales una «carta de emplazamiento» para que muestren sus observaciones y expliquen la situación.
Si la Comisión considera que las explicaciones no justifican el incumplimiento, se emite el acto motivado y se exige su corrección en un plazo que suele ser de dos meses. El documento no es una sanción, pero constituye la última advertencia oficial antes de que el caso sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En esta ocasión, se han detectado retrasos en la transposición de la directiva sobre intercambio de información entre Estados, en la normativa contra los abusos sexuales a menores y en la directiva sobre la firmeza de la liquidación. Además, se ha detectado el incumplimiento de la legislación aérea en materia de cobro por equipaje de mano.
Migración, Asuntos de Interior y Unión de la Seguridad
Directiva relativa al intercambio de información entre los servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros
La Comisión ha enviado un dictamen motivado por no transponer de forma plena la normativa que tiene por objeto reforzar la prevención, detección e investigación de infracciones penales.
Se persigue que los agentes de la autoridad tengan un acceso equivalente a toda aquella información que esté disponible para sus homólogos de otros Estados miembros.
En el texto a aplicar se recogen normas organizativas y de procedimiento que versan acerca del intercambio de información entre los servicios de seguridad y aduanas de los Veintisiete. Ahí, está incluido el establecimiento de un punto de contacto coordinado que serviría como "ventanilla única".
Junto con España, llegan tarde a su aplicación Bélgica, Alemana, Estonia y Polonia.
Los países tienen dos meses para responder al dictamen motivado y adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Si no cumplen, el Ejecutivo comunitario puede remitir el asunto al Tribual de Justicia de la Unión (TJUE).
Directiva sobre el abuso sexual de menores
El Gobierno tampoco ha cumplido con el despliegue adecuado en la legislación nacional de la Directiva sobre la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.
La unión goza de una normativa estricta que establece como delito los abusos sexuales, la explotación y el material de abuso de menores en el continente. La legislación introduce normas mínimas relativas a la definición de infracciones penales y de las sanciones. Además, se estipulan diversas disposiciones para mejorar la prevención y la protección a las víctimas.
Se exige a los Estados que garanticen el ofrecimiento de programas o medidas de intervención a los delincuentes. España aún no ha transpuesto "de forma correcta" todas estas normas. Por lo que la Comisión también ha dado dos meses de plazo para resolver esa situación a Bulgaria, Irlanda y España.
Movilidad y transporte
Servicios aéreos
Bruselas ha incluido en su informe el inicio de un procedimiento sancionador por no poner en consonancia su legislación nacional con el derecho comunitario. En la carta de emplazamiento remitida, se hace referencia al reglamento que establece la libertad de las compañías aéreas para fijar sus precios.
El TJUE avaló que el equipaje de mano fuera, en principio, gratuito cuando respondiese a las exigencias razonables relativas al peso y las dimensiones. Sin embargo, apuntó que aquel equipaje que no cumpliera con esas exigencias estaría sujeto a la liberad de fijación de precios.
Con todo, la Ley de Navegación Aérea española prohíbe a las aerolíneas someter el transporte del equipaje de mano a un coste adicional. Por esta razón, el máximo organismo comunitario entiende que se restringe la libertad de las compañías y para diferenciar entre un servicio que incluye el derecho a una franquicia más elevada para el equipaje de mano y un servicio que no ofrece esa posibilidad.
Además, el Ministerio de Consumo impuso en noviembre multas a cinco empresas por dichas prácticas. Ahora, el Gobierno tiene dos meses para subsanar las deficiencias señaladas. De no encontrar una solución, Bruselas podría emitir un dictamen motivado.
Estabilidad financiera, servicios financieros y Unión de los Mercados de Capitales
Directiva sobre servicios de pago
Junto con España, hasta otros siete Estados más tienen pendientes de transponer las modificaciones de dos directivas que tienen el objetivo de que ciertos proveedores de servicios de pago no bancarios, como las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, puedan incorporarse como participantes en los sistemas de pago designados, de acuerdo con la Directiva europea que regula la firmeza y seguridad de las liquidaciones.
Estos cambios permiten que los proveedores puedan liquidar los pagos de manera competitiva cuando no se presten servicios como los pagos inmediatos a sus clientes.
Como en el resto de carteras, ahora se abre un plazo de dos meses para "recibir una respuesta satisfactoria" antes de que la Comisión envíe un dictamen motivado.
Los últimos, los primeros
España acumula decenas de incumplimientos en la transposición de directivas. Por ejemplo, en julio de este año, el Gobierno fue condenado a pagar una multa de más de seis millones de euros por retrasos en la legislación sobre conciliación laboral. También este año, al no haber implementado las medidas clave en tiempo y forma del Reglamento de Servicios Digitales, la Comisión llevó al país ante el TJUE.
En otra ocasión, se recortó el pago de los fondos Next Generation debido a fallas en las reformas relacionadas con personal interino, fiscalidad del diésel y digitalización administrativa. A finales de 2024, se acumulaban unas 87 directivas pendientes de transposición, 29 con plazo vencido. Con todo, en enero era el país con más incumplimientos activos.
