Representantes de las asociaciones Euskal Gorrak y Asocide Euskadi han reclamado este viernes en las Juntas Generales de Bizkaia que los servicios públicos del territorio se adapten de forma efectiva a las necesidades de las personas sordas y sordociegas, así como una respuesta “urgente” a la carencia de formación específica para profesionales de la interpretación.
El presidente de Euskal Gorrak, Aitor Bedialauneta, y el de Asocide Euskadi, Josu Domínguez Pérez, han intervenido ante la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía con el objetivo de “visibilizar la realidad de las personas sordas y sordociegas”.
Es la primera ocasión en la que portavoces de ambas entidades comparecen en las Juntas Generales de Bizkaia. Los dos han acudido acompañados por sus guías intérpretes y, en el caso de Domínguez, también por su perro guía.
Tras defender el derecho de este colectivo a acceder a la información y a participar en la vida social en igualdad de condiciones, Bedialauneta ha descrito la realidad de una persona sorda “no solo como una discapacidad auditiva, sino como un problema estructural de acceso a la comunicación, en una sociedad organizada de forma mayoritariamente oyente” ha explicado.
Domínguez, por su parte, ha remarcado que la sordoceguera es una discapacidad “única”, y no la suma de dos deficiencias, lo que hace imprescindible disponer de sistemas de comunicación “específicos” como la lengua de signos apoyada o el sistema dactilológico.
Ambas asociaciones han defendido que los servicios de interpretación y de guía-interpretación sean gestionados por entidades del Tercer Sector y no directamente por la administración, al considerar que las organizaciones sociales están mejor preparadas para dar respuesta a las necesidades reales.
Han argumentado que “la experiencia y la cercanía” de las asociaciones aseguran una “mejor adaptación” a las personas usuarias, mientras que los modelos de gestión pública, especialmente en el ámbito educativo, presentan “carencias” en la cobertura de bajas y una mezcla inadecuada de perfiles profesionales.
Igualmente, han denunciado la “falta de intérpretes” derivada de la inexistencia de una oferta académica estable desde que, en 2016, se suprimiera el ciclo formativo de grado superior para sustituirlo por un grado universitario que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) todavía no ha puesto en marcha. Como medida de choque, han planteado la creación de un título propio que permita cubrir de forma urgente la demanda de personal cualificado.
Josu Domínguez Pérez ha alertado también de que no existe un censo fiable de personas sordociegas en Euskadi, ya que las valoraciones oficiales de discapacidad rara vez reconocen la sordoceguera como diagnóstico independiente, lo que complica la planificación de los servicios públicos imprescindibles para la autonomía en el día a día.
Según sus cálculos, estiman que hay 15 personas sordociegas por cada 100.000 habitantes. Por ello, ambas organizaciones han pedido a las instituciones forales que “garanticen” una financiación estable que permita sostener estos apoyos, considerados esenciales para la vida independiente de las personas sordas y sordociegas.
Título propio y formación específica
En relación con la formación, y a preguntas de varios grupos junteros, Bedialauneta ha ofrecido una valoración crítica del grado universitario de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, cuya calidad en la interpretación ha tildado de “pobre”, motivo por el que rechaza que dicho grado se convierta en la única vía formativa, tal y como plantea el Ministerio de Derechos Sociales.
Por este motivo, ha reiterado la propuesta de impulsar un título propio que exija como requisito de acceso un nivel B2 de lengua de signos, planteado como solución de urgencia ante la actual escasez de profesionales. Además, ha introducido el concepto de “privación lingüística”, advirtiendo de que afecta de forma especial a la infancia sorda cuando, por falta de una base conceptual adecuada, no puede comprender de manera correcta la información visual.
El presidente de Asocide Euskadi ha aportado también datos sobre la “precariedad” del servicio, en un contexto en el que la ausencia de un convenio estable obliga a la entidad a rechazar el 20% de las peticiones de guía-interpretación por falta de medios.
Domínguez ha precisado que, aunque la videointerpretación resulta “útil” para algunas personas sordas, no es una alternativa válida para la sordoceguera, ya que este colectivo necesita el contacto táctil y la descripción detallada del entorno que solo puede proporcionar un profesional presencial.
En la parte final de su comparecencia ante los grupos junteros de las Juntas Generales de Bizkaia, el portavoz de Asocide Euskadi ha reivindicado también los derechos lingüísticos en euskera, denunciando que la formación que actualmente se imparte en Madrid “ignora esta realidad”.