QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
EH Bildu ha propuesto a PNV y PSE-EE una negociación presupuestaria conjunta con el objetivo de abordar de manera estructural y a largo plazo el problema de la vivienda en Euskadi por un periodo de diez años, a través de una coordinación «absolutamente armonizada» entre ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno Vasco para desplegar una política de vivienda completa.
La propuesta de la coalición soberanista permitiría, según explican, la aprobación de los presupuestos de las principales entidades de la Comunidad Autónoma, incluyendo al Gobierno Vasco y las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Entre sus iniciativas destacan la creación de un fondo mixto público-privado con capacidad para invertir 3.000 millones de euros en la próxima década. El Gobierno Vasco aportaría 1.000 millones de euros a través de endeudamiento en los presupuestos del 2026, lo que incrementaría el presupuesto para la política de vivienda en aproximadamente un 15% anual hasta el 2036.
Además, EH Bildu destaca la necesidad de que el Gobierno Vasco firme convenios con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para obtener fondos adicionales hasta 1.000 millones de euros; y busca la cooperación con entidades privadas de interés social para su participación en el fondo destinado a la promoción de vivienda pública.
La estrategia incluiría también la colaboración de fundaciones bancarias como BBK, Kutxa y Vital, así como de las EPSV, para obtener financiación adicional de 1.000 millones de euros en diez años. La estructura del fondo aseguraría una mayoría pública del 51% y se utilizaría para promover, comprar y rehabilitar vivienda nueva.
Para asegurar un control público «permanente», EH Bildu propone adquirir y desarrollar terrenos públicos. Priorizarían el alquiler protegido de viviendas públicas, con el objetivo de fomentar la creación de 30.000 viviendas de dominio público en una década, principalmente para alquiler.
EH Bildu también aboga por controlar los precios de los alquileres en toda la Comunidad Autónoma, publicando en tres meses la declaración de zona tensionada para regular los precios en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y facilitando los recursos necesarios para implementar un sistema de índices de precios de referencia en el mismo plazo.
Diputaciones forales y ayuntamientos
En relación a las diputaciones forales, sugieren aumentar el impuesto en transmisiones patrimoniales de la segunda vivienda del 4% al 8%, y del 6% al 15% para grandes tenedores. Proponen también un recargo del 20% sobre los ingresos de alquileres a corto plazo y de alquileres turísticos, además de evaluar el impacto de la deducción por compra de primera vivienda.
Para los Ayuntamientos, se propone movilizar viviendas vacías y formalizar las declaraciones de vivienda deshabitada en ciudades de más de 15.000 habitantes para el año 2026.
