EH Bildu defenderá en el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa de la próxima semana una iniciativa para incorporar el análisis del impacto lingüístico en la elaboración y en la evaluación de las normas forales. La coalición soberanista sostiene que en la normativa vigente existe un “vacío” porque “no se mide sistemáticamente el impacto de las normas forales en el euskera y su normalización”.
En una nota, la coalición soberanista detalla que, a día de hoy, cuando en Gipuzkoa se tramita una norma foral “se analiza de forma obligatoria el impacto de genero; no así el impacto lingüístico”.
“Esto significa que se puede aprobar una norma foral sin analizar cómo afecta al euskera; es decir, se pueden aprobar políticas públicas sin saber si contribuyen o no a la normalización del euskera. Y eso es un vacío evidente”, ha señalado la juntera de EH Bildu Zelai Amenabarro, subrayando la importancia de corregir esta carencia.
Asimismo, aunque la Diputación realiza una evaluación de las normas una vez transcurrido un año desde su entrada en vigor, en dichos informes “no se mide sistemáticamente ni el impacto de género ni el impacto lingüístico”. A juicio de EH Bildu, “no hacer un seguimiento adecuado en el caso del género también es un problema, y en el caso del idioma, el vacío es aún mayor, ya que no se tiene en cuenta desde el principio”.
Ante esta situación, EH Bildu registrará para el próximo pleno de las Juntas Generales dos modificaciones concretas. La primera consiste en “prestar especial atención a los criterios lingüísticos en la elaboración de las nuevas normas forales y evaluar previamente el impacto sobre el euskera, tal y como se hace con el impacto de género”.
El segundo cambio propone que los informes de evaluación posteriores a la entrada en vigor de las normas incluyan tanto el impacto de género como el impacto lingüístico. Según la izquierda soberanista, la iniciativa es “técnicamente factible” y supondría “un paso firme no sólo para garantizar una política lingüística eficaz”, sino también para reforzar la medición del impacto de género de las normas.