Un 66% del personal de la Administración de Justicia dispone actualmente de perfil acreditado de euskera y la previsión es llegar al 90% en 2032, según ha informado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien ha avanzado que antes de que termine el año se convocarán plazas “singularizadas por razón de idioma” impulsadas por el Ministerio.
La consejera ha expuesto estos datos en la Comisión del Parlamento Vasco, a petición de la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz, que solicitó detallar el Plan General de Normalización Lingüística iniciado en 2023 para el periodo 2023-2032, definido por San José como “una herramienta estratégica que responde a un doble compromiso: garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y avanzar hacia una Administración de Justicia más cercana, eficaz y cohesionada, en línea con los objetivos del programa de Gobierno”.
San José ha subrayado que el uso del euskera en la Administración de Justicia “no puede entenderse como un elemento accesorio o añadido, sino como una manifestación concreta del derecho de la ciudadanía a relacionarse con los poderes públicos en cualquiera de las lenguas oficiales”. “Por ello, este plan tiene un carácter integral y estructural”, ha añadido, fijando cuatro metas principales: elevar la capacitación lingüística del personal, extender el uso escrito del euskera, reforzar su utilización oral y consolidar su presencia en la imagen corporativa.
En cuanto a la competencia lingüística, ha destacado que los indicadores muestran “una evolución positiva y sostenida”. En estos momentos, el 32% de los puestos tiene perfil lingüístico preceptivo y el 66% de las personas empleadas cuenta ya con perfil acreditado, “con una meta del 90% en 2032”. “El objetivo del plan no es solamente aumentar los porcentajes, sino también garantizar las estructuras y los recursos humanos para poder responder a la realidad sociolingüística como es debido”, ha remarcado.
La consejera ha explicado que el Ministerio de Justicia lanzará antes de final de año una convocatoria de “puestos singularizados por razón del idioma en los cuerpos de la Administración de Justicia”. En esa oferta pública se incluirán 474 plazas singularizadas vacantes, frente a las 706 existentes, en las que “la acreditación del perfil lingüístico de euskera constituirá un requisito indispensable de participación”. Con ello, se busca ofrecer “estabilidad al personal que haya acreditado su perfil lingüístico” y asegurar “que se respetan realmente los derechos de la ciudadanía”.
San José ha avanzado que el Gobierno Vasco culminará “la adecuación organizativa pendiente en el Tribunal de Instancia de Bilbao, completando así el proceso de ordenación de los recursos humanos en clave de competencia lingüística en todo el ámbito de la Administración de Justicia de Euskadi”. A su juicio, “todo ello muestra y responde a una idea muy simple pero fundamental, que es garantizar los derechos lingüísticos con normalidad también en la Administración de Justicia”.
En el ámbito formativo, ha señalado que “la capacitación lingüística requiere facilitar tanto formación inicial como continuada, permitiendo que el personal pueda alcanzar progresivamente los perfiles lingüísticos necesarios para atender, tramitar y responder en euskera”. En las convocatorias de euskaldunización, la demanda ha crecido un 34% en los últimos años; en la correspondiente a 2025-2026 han participado 140 personas y se han impartido 249 cursos.
Entre las actuaciones de su departamento, ha destacado “la apuesta por el lenguaje jurídico en euskera necesario para garantizar los derechos lingüísticos” y la extensión de plantillas bilingües, así como el aumento paulatino del euskera en la argumentación judicial. En este campo se han reforzado “herramientas tecnológicas clave integrando la euskera en los sistemas digitales de gestión judicial”. “Este punto resulta especialmente importante porque la transformación digital de la justicia debe incorporar también la dimensión lingüística”, ha defendido, con la intención de “incorporar el euskera desde el diseño de los sistemas, y no como una adaptación posterior”, favoreciendo “una utilización más natural e integrada del idioma dentro de la actividad judicial ordinaria”.
Respecto al uso oral, el Departamento mantiene su “compromiso de garantizar la atención en euskera a la ciudadanía con un objetivo claro”, el de “garantizar que cualquier persona pueda relacionarse con la Administración de Justicia en euskera con normalidad y fomentar progresivamente su uso en la interacción cotidiana”. Para ello, ha dicho, “esto implica no sólo disponer de personal capacitado, sino también de seguir avanzando en la creación de entornos administrativos y organizativos que favorezcan el uso efectivo de la euskera”. En este marco se enmarcan la futura Carta de Derechos Lingüísticos en el Ámbito de la Justicia y la elaboración de materiales informativos en euskera dirigidos a la ciudadanía, integradas en el proyecto ‘Auzia euskaraz’ de la Planificación Estratégica del Departamento.
La consejera ha recordado igualmente la colaboración con el TSJPV para promover medidas que faciliten el uso progresivo del euskera en los órganos judiciales. María Jesús San José ha asegurado que la consejería “atenderá las necesidades que se identifiquen para avanzar en esa línea siempre desde la cooperación institucional de respeto al marco competencial”.
En lo relativo a la imagen corporativa, ha indicado que “los resultados son ya muy significativos”. “El 100% de la rotulación oficial es bilingüe, su uso está plenamente generalizado y la rotulación informal alcanza ya casi el 80% con el objetivo de llegar progresivamente al 100%”, ha precisado, con la finalidad de “garantizar una imagen institucional coherente con la oficialidad del euskera”.
San José ha insistido en que “la política lingüística no es ajena a los procesos de transformación organizativa”. “La implantación de la NOJ judicial en los tribunales de instancia y la digitalización del sistema, no han desplazado, sino al contrario, lo están incorporando como un elemento estructural. Ese es uno de los principales retos de esta legislatura, garantizar que los procesos de modernización de la Justicia incorporen desde el inicio la dimensión lingüística”, ha señalado.
El plan se ha configurado con un enfoque flexible, dividido en dos fases, 2023-2027 y 2028-2032, y, al igual que el decreto de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, prevé dos evaluaciones, una intermedia al cierre de 2027 y otra final en 2032, que permitirán analizar “el grado de cumplimiento de los objetivos, introducir ajustes y adaptar las medidas a la evolución de la realidad organizativa y sociolingüística”.
Según la consejera, “podemos hablar de medidas ya consolidadas en ámbitos como la formación, la planificación lingüística o la incorporación progresiva de la euskera en herramientas y procesos organizativos. Y podemos hablar también de líneas de trabajo abiertas que seguirán desarrollándose a lo largo de esta legislatura desde una perspectiva de estabilidad, cooperación institucional y mejora continua”.