La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha subrayado que “la gran mayoría” de los internos de ETA “están asumiendo su responsabilidad por los delitos cometidos”, y ha señalado que el 90% de los presos de la ya disuelta organización terrorista “solicitan la aplicación de la legislación penitenciaria española” en sus expedientes.
San José ha intervenido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco para contestar a una cuestión del PP relativa a la política penitenciaria que está desarrollando el Ejecutivo autonómico.
El parlamentario popular Santiago López, al aludir a las resoluciones judiciales que han revocado algunos de los permisos de semilibertad otorgados por el Gobierno Vasco a reclusos de ETA, ha recriminado a la consejera que, “cuando la Audiencia Nacional les corrige una vez, dos veces y hasta tres veces en el último mes, ya no es una discrepancia de criterios ni es dudar sobre asuntos técnicos”.
“Es una chapuza, una chapuza política, es una chapuza jurídica y una chapuza moral”, ha censurado. Por ello, tras acusar a San José de “mentir” al defender la legalidad de esas decisiones penitenciarias, ha insistido en exigir su dimisión.
En su contestación, la titular de Justicia ha reiterado que “el 90% de las personas presas pertenecientes a ETA solicitan la aplicación de la legislación penitenciaria española”. Ha remarcado, además, que los permisos “se conceden a solicitud de las personas privadas de libertad”, y que “la gran mayoría de estas personas presas están asumiendo su responsabilidad por los delitos cometidos”.
Al referirse a los escritos en los que los internos reconocen el daño causado y piden perdón a las víctimas, ha recalcado que esta “asunción” de responsabilidades es fruto de “un largo y complejo proceso que no se puede simplificar, como algunos pretenden, con la existencia de una simple carta”.
La consejera ha incidido en que la reinserción “es un principio fundamental recogido en la ley y en la Constitución española”, de modo que la política penal y penitenciaria “debe diseñar mecanismos encaminados a la reintegración del recurso en la sociedad”.
Ha recordado igualmente que las personas condenadas “mantienen sus derechos fundamentales, excepto los expresamente ilimitados por la sentencia y la ley penitenciaria”. Según ha explicado, el Gobierno Vasco “lleva varios años trabajando de forma discreta y continuada impulsando un proceso restaurativo entre víctimas de ETA y personas presas”, en el que los reclusos “reconocen y asumen el dolor causado, buscando con ello la reparación de las víctimas”.
Al mismo tiempo, ha admitido que “es evidente que existen dos bloques dentro de las personas privadas de libertad pertenecientes a la banda terrorista”, aunque ha remarcado que “una gran mayoría quieren mirar hacia adelante, al futuro”, dado que “han asumido la legislación y están completando su recorrido penitenciario”.
Empatía, reparación y convivencia
San José ha señalado que “la sociedad vasca jamás pensó en los peores momentos del azote terrorista que llegara el momento donde estas personas asumieran de forma voluntaria el daño que estaban causando”. En esa línea, ha apuntado que “nos hubiera costado mucho saber que llegaría el día en el que las personas asumieron de forma voluntaria el mirarse en cara a cara a las víctimas, empatizando con su dolor, reconociendo lo erróneo de su actuación y procurando reparar en la medida de lo posible todo el sufrimiento causado”.
Ha resaltado que esto “hoy es una realidad”. Al mismo tiempo, ha admitido que “el camino es largo”, pero ha puesto en valor que en este proceso “contamos con la imprescindible ayuda y compañía de las víctimas comprometidas”, a las que ha agradecido “su generosidad y gran aportación a la construcción de la convivencia”. “Saben que me van a tener siempre a su lado”, ha añadido.
Frente a “quienes pretenden simplificar un proceso tan complejo y lo intentan reducir a si se escribe una carta o se asiste o no a un encuentro con víctimas”, ha insistido en que “el fin ético, el bien superior que este gobierno pretende proteger es la convivencia”.
La consejera ha alertado de que “la simplificación puede terminar en una burda caricatura que lo único que puede conseguir es ofender a las víctimas que confían en este proceso y que están implicadas en el mismo”.