El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda presentada por PNV y PSE-EE que exhorta al Gobierno autonómico a “estimular el uso de servicios en euskera” entre los profesionales de la Administración de Justicia y la ciudadanía, mediante la carta de derechos lingüísticos y folletos informativos “en lenguaje comprensible y lectura fácil”.
El pleno de la Cámara vasca abordó este jueves este debate a raíz de una iniciativa del PP, que finalmente fue rechazada al cosechar 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y solo siete a favor (PP y Vox).
La proposición no de ley defendida por el PP reclamaba al Ejecutivo autonómico la modificación “urgente” de los decretos, órdenes y disposiciones que regulan los perfiles lingüísticos en la Administración de Justicia, con el objetivo de “suspender temporalmente la exigencia del perfil lingüístico de euskera -así como las correspondientes fechas de preceptividad- en el acceso y desempeño de las plazas de dicho sector”.
Además, el PP planteaba que esta suspensión excepcional del requisito lingüístico se mantuviera hasta que la tasa de interinidad del personal de Justicia en Euskadi bajara del 8%, “conforme a los compromisos y objetivos establecidos por la Unión Europea para la reducción de la temporalidad en el empleo público”.
El texto popular añadía que “alcanzado ese umbral, y una vez estabilizada la plantilla con carácter general, la normativa lingüística deberá ser nuevamente evaluada para reintroducir gradualmente las exigencias de euskera donde resulte proporcionado y necesario, garantizando en todo caso la prestación efectiva del servicio público de justicia tanto en euskera como en castellano”.
Debate sobre temporalidad y abuso de contratación
Bajo el epígrafe “ABUSO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL”, la enmienda de totalidad registrada por Sumar, que tampoco prosperó, pedía al Gobierno Vasco “reconocer la situación de abuso de la contratación temporal existente en el empleo público autonómico y a realizar un diagnóstico público y detallado del número de empleados públicos temporales en situación de fraude de ley en todos los sectores y organismos dependientes del Gobierno Vasco”.
El texto de Sumar reclamaba igualmente la paralización “inmediata” de cualquier cese de personal temporal en situación de abuso de temporalidad “hasta que se dé cumplimiento efectivo a la normativa europea”, así como la creación de nuevos mecanismos propios de estabilización en los distintos sectores y entes del Ejecutivo autonómico.
En otra de sus partes, la enmienda instaba a aprovechar “todos los márgenes que otorga la ley en relación a la tasa de reposición específica para alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad marcada como máximo por Europa”, con especial énfasis en Osakidetza, “por contar con los más altos porcentajes de temporalidad”.
Sumar reclamaba también derogar “las tasas de reposición implantadas por el último gobierno del PP” y defendía la necesidad de impulsar un plan de estabilización y refuerzo de las plantillas públicas en el conjunto de los servicios públicos.
Enmienda aprobada e impulso a la euskaldunización
La enmienda conjunta de PNV y PSE-EE fue la única que salió adelante, con 37 votos favorables (PNV y PSE), 27 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y siete votos en contra (PP y Vox). Mediante este texto, se solicita al Gobierno Vasco que traslade al Gobierno de España “las plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se establecerá como requisito la acreditación del perfil lingüístico correspondiente hasta que la tasa de interinidad en la Administración de Justicia sea inferior al 8%”.
Asimismo, la enmienda insta al Ejecutivo vasco a continuar avanzando en la euskaldunización de la Justicia de acuerdo con el ‘Plan de Normalización Lingüística 2023-2032’, “estimulando el uso de servicios en euskera” por parte de profesionales y ciudadanía mediante la carta de derechos lingüísticos y folletos informativos en euskera “en lenguaje comprensible y lectura fácil”.