El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda presentada conjuntamente por PNV y PSE-EE en la que se reclama al Gobierno autonómico que promueva “una política activa de sensibilización” en el conjunto del sector público, con el fin de impulsar medidas que favorezcan la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de la Administración y de sus organismos dependientes.
La iniciativa ha salido adelante en el Pleno de la Cámara, celebrado este jueves, en el marco de un debate impulsado por el PP. Sin embargo, la propuesta original de los populares no ha prosperado, al cosechar 38 votos en contra (PNV y PSE-EE), 27 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y únicamente ocho apoyos, correspondientes a PP y Vox.
La moción del Partido Popular planteaba que el Gobierno Vasco elaborase un informe sobre el grado de cumplimiento, por parte de la Administración General, del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Además, el PP proponía que el Ejecutivo implantase un sistema de control anual sobre el respeto de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad en las sociedades públicas, “con comunicación periódica a Lanbide y evitando que se repitan situaciones de incumplimiento prolongado sin detección”.
Excepcionalidad y “imposibilidad real”
La moción también instaba al Gobierno Vasco a exigir a las sociedades públicas que soliciten la declaración de excepcionalidad —que permite no cumplir los mínimos legales de contratación de personas con discapacidad— que acrediten haber ofrecido, como mínimo, tres perfiles profesionales distintos adaptados a personas con discapacidad antes de aprobar esa excepcionalidad. Con ello se pretende “garantizar que la excepcionalidad responda a una imposibilidad real y no a una falta de gestión”.
Tampoco ha prosperado la enmienda de EH Bildu, que reclamaba al Ejecutivo autonómico la puesta en marcha de mecanismos de control eficaces “para que se cumplan las cuotas de reserva y para que las medidas de exención alternativas a la contratación no sean subterfugios habituales, garantizando que las personas con discapacidad sean contratadas directamente en el empleo ordinario”.
El texto de EH Bildu instaba igualmente al Gobierno Vasco a asegurar que el sector público “sea un ejemplo para la integración de las personas con discapacidad en el empleo” y que, en línea con ello, “priorice en las licitaciones la contratación de empresas que cumplan la cuota de reserva mediante la contratación directa de personas con discapacidad”.
Otro de los puntos de esta enmienda pedía que la Inspección de Trabajo “refuerce e incremente el control real y efectivo de la cuota de reserva, así como el cumplimiento de las exigencias legales de las medidas de exención, para evitar que constituyan un subterfugio habitual”.
Otras enmiendas rechazadas
La enmienda de Sumar también ha sido rechazada. En ella se solicitaba al Gobierno Vasco que garantizase la reserva de plazas para personas con discapacidad en empresas y entidades públicas “en cumplimiento estricto de la ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social”.
Sumar planteaba, además, revisar las excepciones concedidas a la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y aplicar “criterios estrictos con el objetivo de garantizar que todas las empresas y entidades públicas contribuyan a la inclusión social y a las garantías de los derechos de las personas con discapacidad”.
Contenido de la enmienda aprobada
La propuesta de PNV y PSE-EE ha sido finalmente la única aprobada, con 39 votos favorables de ambas formaciones, 28 abstenciones (EH Bildu, Sumar y Vox) y siete votos en contra (PP).
El texto insta al Gobierno Vasco a poner en marcha “una política activa de sensibilización” en el conjunto del sector público vasco para reforzar las medidas de integración laboral de las personas con discapacidad.
Asimismo, se dirige a las sociedades públicas, entes de derecho privado, fundaciones y demás entidades que conforman el sector público vasco para que adopten políticas de integración y procedan a la incorporación de personas con discapacidad en sus plantillas.
La enmienda incluye también la petición de que el Gobierno Vasco establezca un sistema de seguimiento, a través de la Viceconsejería de Empleo Público, sobre el grado de cumplimiento del decreto que regula esta materia.
Por último, se reclama al Ejecutivo autonómico que articule un procedimiento entre Lanbide y el sector público para que las declaraciones de excepcionalidad “requieran de la acreditación ante Lanbide de gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla”.