El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda registrada por PNV y PSE-EE que reclama al Gobierno autonómico “reforzar la protección social y económica” de la ciudadanía y del tejido empresarial mediante medidas adicionales al 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio', que fue aprobado el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados.
El Pleno de la Cámara ha abordado este jueves la cuestión a iniciativa de Sumar, que defendía una proposición no de ley finalmente rechazada al cosechar 46 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox), 26 abstenciones de EH Bildu y el único voto favorable de su propio grupo.
La propuesta de Sumar planteaba que el Gobierno Vasco regulara por la vía de urgencia “un escudo social vasco para proteger a las personas más vulnerables ante los efectos de la derogación por parte de los partidos de derechas de los decretos conocidos como 'escudo social'”.
Entre las medidas reclamadas por Sumar figuraba impedir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y evitar los cortes de suministros energéticos, además de compensar el recorte del 'bono social'.
Asimismo, el texto pedía al Ejecutivo autonómico iniciativas “para aliviar el coste de la cesta básica de alimentos” y la creación de una cesta de la compra “accesible a todo el mundo”, con control y regulación de los precios de productos esenciales y “sancionando los abusos en cumpliendo de la Ley de Cadena Alimentaria”.
La enmienda alternativa de PNV y PSE-EE ha salido adelante con los 39 votos favorables de ambas formaciones, frente a 33 abstenciones (EH Bildu, PP y Vox) y un voto en contra (Sumar).
El texto aprobado emplaza al Gobierno Vasco a desplegar, dentro de sus competencias, medidas complementarias al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio avalado por el Congreso, con el fin de “reforzar la protección social y económica de la ciudadanía y del tejido productivo vasco”.
Además, se demanda reforzar los instrumentos de protección ante situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, “impulsando soluciones habitacionales alternativas en coordinación con el resto de las instituciones competentes”.
En esta línea, se exige “garantizar la protección frente a la interrupción de suministros básicos (electricidad, gas y agua) a personas y familias vulnerables, así como complementar y reforzar los instrumentos de apoyo existentes”, incluidos los ligados al bono social y otras ayudas energéticas.
Transparencia, control y apoyo al tejido productivo
La enmienda también reclama al Ejecutivo autonómico “reforzar los mecanismos de seguimiento, transparencia y control del funcionamiento de la cadena alimentaria, en colaboración con las autoridades competentes, para prevenir prácticas abusivas y promover acuerdos”. Igualmente, pide impulsar fórmulas de cooperación con los agentes económicos y sociales “que favorezcan el acceso a bienes esenciales en condiciones asequibles”.
Otro de los apartados insta al Gobierno a poner en marcha líneas de apoyo específicas para pymes, autónomos y actividades especialmente golpeadas por el encarecimiento de la energía y de los recursos, en particular el transporte, la industria y el primer sector. También se le pide promover instrumentos financieros, ayudas temporales y medidas de liquidez, “en coordinación con los mecanismos estatales y europeos”.
Eficiencia energética y transición verde
El texto aprobado plantea, además, favorecer la competitividad industrial mediante actuaciones de eficiencia energética y reducción de costes indirectos, así como fomentar políticas de eficiencia, electrificación y autoconsumo, con especial atención a los hogares y al tejido productivo.
Paralelamente, se solicita acelerar el despliegue de energías renovables y el aprovechamiento de las redes energéticas, “en coherencia con los objetivos de transición energética”, y promover actuaciones que contribuyan “a reducir la dependencia energética exterior y a reforzar la resiliencia económica”.
Finalmente, el último punto de la enmienda emplaza al Gobierno Vasco a “defender activamente, en los ámbitos estatal y europeo, los intereses de la economía vasca, especialmente en materia energética e industrial”, y a “coordinar sus actuaciones con las Diputaciones Forales y entidades locales, garantizando una respuesta integral y eficaz”.