El Parlamento Vasco ha dado luz verde, con el respaldo del PNV y del PSE-EE y el rechazo del resto de grupos, a la nueva Ley de Transparencia de Euskadi. La norma prevé la puesta en marcha de Gardena, una agencia encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las administraciones y en las entidades privadas que reciben financiación pública, así como de un registro de lobbies que permitirá a la ciudadanía conocer quién trata de influir en las decisiones públicas y en nombre de qué intereses.
El Pleno de la Cámara ha aprobado este jueves el texto con 39 votos favorables de los grupos que sostienen al Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) frente a los 36 votos en contra de EH Bildu, PP, Sumar y Vox.
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que ha defendido la ley ante el Pleno, ha remarcado que la transparencia "es un compromiso público que asumimos y que nos corresponde fortalecer desde todos los ámbitos institucionales". A su juicio, este refuerzo resulta clave "en un contexto europeo y global en el que están emergiendo voces y actitudes contrarias a la democracia". Ante esta "deriva", ha recalcado la conveniencia de "aumentar la autoexigencia" y avanzar en "la mejora continua".
Ubarretxena ha incidido en que las instituciones "deben proporcionar canales para participar en la toma de decisiones y tienen la obligación de ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos capacidad real de exigir responsabilidades". Con esta ley se pretende "responder a estas demandas con claridad, sin el menor espacio para la duda".
Con la entrada en vigor de la norma, el Programa de Gobierno pasará a ser una herramienta de planificación estratégica con objetivos e indicadores "medibles y fiscalizables". Se incorpora el concepto de "rendición social de cuentas de oficio", de forma que el Ejecutivo deberá informar de manera periódica sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos.
El texto contempla la creación de la Plataforma de Gobierno Abierto, concebida como un canal permanente de relación con la sociedad; un Registro para la participación y colaboración ciudadana; y un Registro de Grupos de Interés, que permitirá saber quién pretende influir en una decisión pública, bajo qué normas, con qué código de conducta y representando qué intereses.
Participación ciudadana e iniciativas reglamentarias
Entre las novedades, se incorpora una figura considerada pionera: el derecho a impulsar iniciativas reglamentarias ciudadanas. De este modo, la ciudadanía no solo podrá pronunciarse sobre la normativa vasca, sino también plantear directamente sus propias propuestas.
La ley también incorpora medidas para proteger a quienes informen sobre infracciones, garantizando su identidad y reduciendo al mínimo los riesgos de "represalia".
Otro aspecto relevante es la ampliación del ámbito de aplicación. La norma no se circunscribe únicamente a la Administración, sino que se extiende a entidades privadas que reciban fondos públicos significativos o presten servicios públicos.
El articulado subraya el compromiso con la transparencia de la actividad pública. A partir de ahora, las entidades afectadas deberán difundir de oficio la información relevante sobre su estructura, su actividad y, en especial, sobre su gestión económica.
Además, se regula un procedimiento interno de garantía con plazos concretos, fijando con carácter general un mes para responder, así como un régimen sancionador proporcional. En materia de rendición de cuentas del programa de gobierno, se establecen obligaciones específicas sobre la información relativa a dicho programa y su seguimiento.
Gardena, nueva autoridad vasca de transparencia
El eje central de la ley es la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, configurada como "autoridad independiente", con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y presupuestaria.
Gardena tendrá como misión proteger el derecho de acceso a la información, garantizar la publicidad activa y resolver las reclamaciones de la ciudadanía mediante resoluciones ejecutivas. También asumirá la protección de las personas que comuniquen irregularidades y supervisará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en todos los niveles institucionales de Euskadi y en las entidades privadas perceptoras de fondos públicos.
A partir de la aprobación de la norma, este órgano dejará de limitarse a formular recomendaciones y pasará a poder promover expedientes disciplinarios y determinar la existencia de incumplimientos.
La Presidencia de Gardena será elegida por el Parlamento Vasco, tras aceptarse una enmienda de Sumar apoyada por PNV y PSE-EE para reforzar la independencia del organismo. Quien ocupe la Presidencia deberá presentar cada año ante la Cámara una memoria detallada sobre el estado de la transparencia en Euskadi.
Críticas de la oposición y defensa del Gobierno
Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha criticado que PNV y PSE-EE hayan rechazado las enmiendas de su grupo, pese a que, según ha señalado, "permitían avanzar en ámbitos como los principios de gobierno abierto, políticas anticorrupción, transparencia, uso y digitalización de datos". "La posición que hemos encontrado desde el principio hasta el final por parte del PNV y del PSE ha sido inmutable e inamovible", ha reprochado.
La representante del PP, Ainhoa Domaica, ha sostenido que el hecho de que la ley salga adelante únicamente con el apoyo de PNV y PSE-EE hace que nazca "coja". Además, ha censurado que el régimen sancionador previsto sea "absolutamente beneficioso para los altos cargos y muy perjudicial y gravoso para las entidades privadas y corporaciones de derecho público".
En nombre de Sumar, Jon Hernández ha asegurado que esta norma "llega tarde y mal", y ha criticado que la idea inicial del Gobierno Vasco de que la Presidencia de Gardena fuera sombrada por el propio Ejecutivo era una "barbaridad".
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que la ley "es un magnífico ejemplo de que el papel lo aguanta todo y de que las buenas intenciones se las acaba llevando el viento cuando no existe un compromiso real con la transparencia".
Desde los grupos que respaldan al Gobierno, Xabier Barandiaran (PNV) ha remarcado que la puesta en marcha de Gardena es "el punto fuerte" de la ley, ya que esta agencia permitirá "proteger" a quienes denuncien irregularidades y reforzará el "control" sobre las instituciones.
Pau Blasi (PSE-EE) ha subrayado que la norma ayudará a "recuperar la confianza y la legitimidad de las instituciones, algo importante en estos tiempos". "Euskadi va a tener, por fin, una ley de transparencia; y va a ser una buena ley, que va a cambiar cosas".