QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno Vasco llevará a cabo un estudio detallado de las ayudas, becas y programas vinculados a la formación dentro del sistema educativo vasco, centrado en aquellas iniciativas que persiguen que el alumnado universitario adquiera competencias directamente ligadas a su incorporación en entornos profesionales, con el propósito de “fortalecer su actuación en el ámbito de la promoción de la inserción laboral del alumnado”.
En el pleno de este viernes en la Cámara vasca, PNV y PSE han unido sus votos para sacar adelante una enmienda a la totalidad frente a una propuesta transaccional de EH Bildu y Sumar. La iniciativa ha salido adelante pese al rechazo de la coalición abertzale, del Partido Popular y de Sumar.
El Ejecutivo autonómico se compromete a evaluar el efecto real de estos programas, en especial del programa de becas y ayudas de transición entre el mundo educativo y el laboral, con el objetivo de plantear nuevas medidas que permitan “fortalecer su actuación en el ámbito de la promoción de la inserción laboral del alumnado egresado del sistema educativo vasco”.
El texto aprobado reclama igualmente al Gobierno Vasco que continúe reforzando la inserción laboral del alumnado universitario en contextos profesionales, mediante la colaboración entre los departamentos competentes del propio Ejecutivo, otras administraciones públicas, los centros de formación y los agentes del entorno productivo.
La parlamentaria del PNV Ainara Zelaia ha recordado que el contrato del programa de transición educativa al mundo laboral, que facilita la primera experiencia práctica a quienes están finalizando sus estudios, “nace con el objetivo de facilitar al alumnado universitario y de Formación Profesional una primera experiencia práctica que complemente su formación y mejore su empleabilidad”.
Según ha subrayado, “se trata de un instrumento formativo, diseñado para acompañar al estudiante en el paso entre la educación reglada y el mundo laboral, ya que ofrecer una primera experiencia laboral real acompañada de tutorización y encuadrada en un perfil profesional concreto contribuye a mejorar la empleabilidad y la madurez profesional”.
Zelaia ha incidido en que “las becas de transición no son contratos laborales, ni generan relación laboral. Su función no es cubrir puestos de trabajo ni sustituir empleo, sino ofrecer un espacio formativo adicional. Por ello, no existe incompatibilidad legal con el desempeño de otro empleo remunerado”, ha añadido.
Desde el PSE, la parlamentaria Patricia Campelo ha admitido que, “en ocasiones, se cuela la precariedad en esas primeras prácticas”, por lo que ha defendido “un mercado de trabajo que incluya de manera digna a los jóvenes desde el minuto uno de su salida al mercado laboral”.
Campelo ha rechazado que estas becas impidan simultanear un empleo y ha tildado de “confuso” el planteamiento de los grupos proponentes para que el Gobierno Vasco impulsara una ley propia de formación dual. Por este motivo, ha apoyado la enmienda a la totalidad del Ejecutivo, orientada a realizar un análisis de las ayudas, becas y programas que persiguen “la inserción laboral del alumnado universitario”.
“Precariedad” y alcance de las becas
La parlamentaria de EH Bildu Edurne Benito del Valle ha lamentado la “oportunidad perdida” por no haber alcanzado un acuerdo amplio, al considerar que estas prácticas “suelen ser la primera experiencia laboral para muchos estudiantes, pero también suelen ser la primera experiencia de precariedad para muchos jóvenes, algo”, que ha criticado, “estamos naturalizando y normalizando”.
EH Bildu ha cuestionado el programa de becas de transición del mundo educativo al laboral del Gobierno Vasco, al entender que “alcanzan solo a una minoría; su adjudicación es totalmente arbitraria, ya que la selección queda en manos de cada facultad; y reciben una “cantidad muy escasa” de 500 euros.
“A cambio de la formación no vale todo”, ha denunciado, planteando “qué proyecto de vida puede desarrollar una persona si no recibe un salario mínimo”. Ha acusado a PNV y PSE de ser “quienes realizan unos programas que cronifican esa situación. Por tanto, está en sus manos esa competencia para empezar a cambiar las cosas”.
El parlamentario del Grupo Mixto Suman, Jon Hernández, ha defendido que las becas “deberían ser herramientas útiles para la formación de estudiantes”, pero ha criticado que “muchas veces no lo son, porque se convierten en un coladero de precariedad”, al existir “hay empresas que hacen del contrato formativo un negocio”.
Al tratarse de programas sufragados con fondos públicos, ha reclamado que “la administración garantice que esos fondos se destinen para la formación”. A su juicio, “la formación tiene que ser para formación, no puede ser un subterfugio para tener mano de obra barata”.
Por último, la parlamentaria del PP Muriel Larrea ha reclamado “un aumento” de la cuantía económica de estas becas, recordando que “con 500 euros, muchos estudiantes dependen de sus familias”, y ha pedido que estas prácticas sean “compatibles con un trabajo remunerado”.
“Transformemos estas becas en verdaderos puentes de empleo estable, con los presupuestos de 2025 como base, y aprobemos cuantías justas y compatibles con el emprendimiento y con el mundo laboral”, ha demandado.
