Izquierda Unida ha decidido trasladar al Congreso de los Diputados el ERE anunciado por Tubos Reunidos, que implicaría la pérdida de más de 300 puestos de trabajo en las factorías de Amurrio y Trapagaran. El diputado y portavoz de IU, Enrique Santiago Romero, ha registrado una amplia batería de preguntas con el fin de aclarar qué actuaciones tiene previsto impulsar el Ejecutivo ante un expediente que califica de "totalmente desproporcionado a la situación actual de la empresa".
En el escrito registrado, Enrique Santiago advierte de que, si finalmente se ejecuta el Expediente de Regulación de Empleo planteado por Tubos Reunidos, se producirá "una pérdida significativa de empleo industrial en dos zonas ya castigadas por cierres y procesos de desindustrialización".
Entre las preguntas formuladas, Izquierda Unida solicita conocer la valoración que hace el Gobierno de este ERE y qué medidas concretas prevé poner en marcha para frenar la destrucción de puestos de trabajo propuesta por la empresa.
IU también reclama saber si el Ejecutivo exigirá la devolución de las ayudas públicas, subvenciones y rescates canalizados a través de la SEPI en caso de que Tubos Reunidos siga adelante con el expediente.
El documento registrado subraya igualmente la necesidad de que la Inspección de Trabajo permanezca "vigilante" ante este proceso, con el objetivo de garantizar que la compañía respeta de forma estricta toda la normativa laboral aplicable.
Desde Ezker Anitza-IU se ha advertido de que esta situación supone un "duro golpe no solo para las dos comarcas afectadas sino para el conjunto de Euskadi".
La organización de izquierdas sostiene que "Tubos Reunidos pretende deshacerse de una parte de la plantilla utilizando como argumento los problemas coyunturales que padece, en parte consecuencia de las políticas de aranceles de Estados Unidos, pero consecuencia también de la propia gestión empresarial".
Además, añade que "y a buen seguro cuando Tubos Reunidos supere este bache conseguirá sustituir a los trabajadores que ahora despide por empleos más precarios". Por ello, considera "imprescindible" disponer de la posición tanto del Gobierno central como del Gobierno vasco y conocer qué medidas "pretenden implementar para defender el empleo y a los trabajadores".