La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha sostenido en el Parlamento Vasco que, si de forma general se entiende como “saludable” que los responsables públicos “tengan un límite de tiempo” en sus funciones, no se debe “obstaculizar” su incorporación al ámbito privado “siempre respetando las normas establecidas”.
Ubarretxena ha realizado estas declaraciones durante el Pleno de Control de este viernes, en respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre si el Ejecutivo vasco considera que “las puertas giratorias sean un obstáculo para profundizar en la democratización”.
En su intervención, la parlamentaria soberanista Eraitz Saez de Egilaz ha aludido a casos como los de Andoni Ortuzar, vinculado a Movistar, y Unai Rementeria, designado esta semana presidente de Fundación BBK.
La representante de EH Bildu ha afirmado que “a nadie se le escapa que el paso de personas que han ocupado puestos relevantes en la política, a determinadas empresas, no se debe a sus capacidades profesionales, sino a la influencia en la esfera pública del clientelismo, el enchufismo y las puertas giratorias que son un grave problema para Euskal Herria y para la ciudadanía”.
Ante estas acusaciones, María Ubarretxena ha reprochado a la parlamentaria el uso de “la demagogia que siempre utilizan” al hablar de personas del PNV “que han estado en la actividad pública y han pasado luego a la actividad privada”.
Tras señalar que con ese discurso “ofenden a estas personas desde su pretendida superioridad moral”, la consejera ha recordado que también EH Bildu “lleva muchos años gobernando en diferentes instituciones y docenas de personas han pasado del ámbito público al privado”. “Y nosotros no ponemos en duda su profesionalidad para que puedan ejercer esa nueva actividad”, ha remarcado, citando como ejemplo a Julen Arzuaga o Arantxa Izurriaga.
La responsable de Gobernanza ha criticado que se utilice el concepto de ‘puertas giratorias’ “con mucha ligereza y siempre para atacar a los rivales políticos y solo con ese objetivo”, para insistir en que “si creemos que es saludable que los servicios públicos tengan un límite de tiempo, no podemos obstaculizar que las personas que han estado durante un tiempo en ello tengan una salida al sector público, siempre respetando las normas establecidas”.
Tras escuchar la respuesta, Saez de Egilaz le ha replicado que el hecho de que no reconozca “las sucesivas y elocuentes noticias de puertas giratorias como un problema real para el sistema democrático es que tiene también un problema muy gordo”.
“Trampolines” y desconfianza ciudadana
A juicio de la parlamentaria de EH Bildu, estas dinámicas “provocan una gran indignación en la ciudadanía y aumentan la desconfianza en la política institucional” y, aunque ha admitido que “que algunos utilicen las instituciones públicas o los cargos de determinados partidos como trampolines, no quiere decir que esto sea una práctica normal o legítima”.
Otro de los efectos negativos de estas prácticas, según Saez de Egilaz, es la pérdida de talento, ya que, debido a “esta red clientelar, la administración pública a veces no elige para las instituciones públicas a otros talentos de este país para retenerlos y, en vez de alimentar eso, se da de comer a una red establecida previamente y se buscan fichajes top en un intercambio de cromos”.
Frente a ello, María Ubarretxena ha replicado que, “si se quieren empresas públicas sólidas y de calidad, tenemos que atraer ese talento y las experiencias necesarias y eso también exige unas garantías legales”.
La consejera ha calificado la cuestión planteada como una pregunta “retórica”, al entender que “todo el mundo considera “algo evidente que las malas prácticas ponen en cuestión la calidad democrática”. “Eso lo entendemos todos, pero me parece llamativo que, siendo tan genérico el enunciado, me pida responsabilidad política sobre cuestiones concretas”, ha señalado.
Para finalizar, ha recordado el marco normativo vasco y el código ético de los cargos públicos, de obligado cumplimiento para el Gobierno, así como las distintas leyes y normas que regulan esta materia mediante varios decretos. Por ello, ha concluido que “ese marco normativo no es un obstáculo sino una garantía de que se va a garantizar esa calidad democrática”.