Según ha podido saber Demócrata, el Anteproyecto de Ley de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, comúnmente conocido como Estatuto del Becario, ya estaría listo para volver a pasar por el Consejo de Ministros. La propuesta fue aprobada en primera vuelta el pasado mes de noviembre.
El texto ya ha pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS), siendo el próximo paso su aprobación en el Consejo de Ministros, lo cual estaría previsto para el martes 3 de marzo (a lo sumo el siguiente, el 10 de marzo).
Este movimiento se produce en la misma semana en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata a las próximas elecciones generales. Junto a la reducción de jornada, el Estatuto del Becario es la gran asignatura pendiente en la agenda que Díaz se marcó al asumir la dirección del ministerio.
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El Estatuto del Becario vuelve al Consejo de Ministros, más de dos años y medio después de cerrar un acuerdo con los principales sindicatos, UGT y CCOO, pero sin el apoyo de la patronal. En primera vuelta, la propuesta planteaba limitar las prácticas extracurriculares a 480 horas por alumno, un 50% menos de lo que se permite ahora. Tampoco podrían superar el 15% de las horas de créditos ECTS.
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A falta de conocer, el contenido final de la propuesta del Gobierno, la previsión era obligar a las empresas a compensar gastos por cuestiones como el transporte al lugar de trabajo, no aplicable a los becarios con nómina. Asimismo, se prohibiría que el número de becarios suponga más de un 20% de la plantilla.
Catálogo de sanciones
La normativa fijaría un régimen sancionador con multas de entre 120.006 euros y 225.000 euros para las empresas que incurran en infracciones muy graves en su grado máximo. Las graves en su grado mínimo oscilan entre los 7.501 y los 30.000 euros; mientras que en grado medio, varían entre los 30.001 y los 120.005 euros. Serían consideradas muy graves los casos de discriminación por razones de edad o discapacidad, así como por circunstancias de sexo, origen, estado civil, condición social, orientación política, sexual o vínculos de parentesco con otros trabajadores.
Siguientes pasos
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley será remitido a las Cortes para dar inicio a su tramitación parlamentaria. Su aprobación no se antoja sencilla ante el malestar entre algunos de los socios por cómo se han fraguado las negociaciones previas.
Tal y como publicó Demócrata, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos aguardan a conocer el detalle del texto. Por su parte, el PNV, ya se mostró reticente por no contar con ellos durante la redacción del texto. A ello se suma la ruptura de Junts con el PSOE, que supone, de facto, un bloqueo a todas las propuestas gubernamentales para las que no cuenta con el apoyo del PP. Además, los independentistas ya marcaron distancias con el Gobierno de coalición en materia laboral, como fue el caso de la reducción de jornada laboral.