Extremadura ha hecho un llamamiento firme a eliminar las barreras "visibles" e "invisibles" que aún persisten en torno a la discapacidad, recordando que cada obstáculo supone una "puerta pendiente" por abrir.
Este mensaje lo ha trasladado el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, durante el acto institucional del Día de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado este lunes en la Asamblea de Extremadura.
En el encuentro también han tomado la palabra la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, además de contar con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y diputados autonómicos.
Veinte años de la Convención sobre Discapacidad
Calderón ha repasado las dos décadas transcurridas desde la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de derechos humanos que busca garantizar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos por parte de las personas con discapacidad.
Ha recordado que se trata de una obligación jurídica para los Estados firmantes, que deben asegurar la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión efectiva en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la vida comunitaria. "Hoy celebramos 20 años de un cambio que en el mundo transformó la vida de millones de personas. Pero, sobre todo, celebramos dignidad, derechos y reconocimiento", ha afirmado.
El presidente de Cermi Extremadura ha puesto en valor que España "asumió este compromiso, lo hizo ley y lo convirtió en acción" y ha admitido que se ha "avanzado" y se ha "cambiado la forma de mirar" la discapacidad. Sin embargo, ha advertido de que las normas no son suficientes porque "aún hay barreras, barreras visibles y barreras invisibles, y cada barrera es una puerta pendiente". Entre los logros alcanzados en estos años ha citado la recuperación del derecho al voto y la reforma del sistema de capacidad de obrar en España.
Manifiesto por la diversidad y la dignidad
Durante el acto se ha leído un manifiesto con motivo de este aniversario, a cargo de Daniel Cardenal, de Plena Inclusión Extremadura; Raquel Núñez, de Cocemfe Extremadura, y Ramona Gorciac, de Feafes Salud Mental Extremadura.
El texto reclama la implicación de toda la ciudadanía para conocer la discapacidad, aceptarla y entenderla como una "parte digna y valiosa de la diversidad humana". También subraya que la Convención actúa como una "guía para la sociedad, un logro de todas las personas y un compromiso para el futuro".
El manifiesto destaca que el tratado impulsó un modelo centrado en la "dignidad inherente", la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación plena de las personas con discapacidad, incluidas mujeres y niñas. Además, se señalan los "avances significativos" de estos veinte años, con una mayor conciencia social, la eliminación de prejuicios y el reconocimiento del valor de la diversidad humana.
En el caso de España, se recuerda que la Convención ha servido de referencia para reformas legislativas y políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de este colectivo. No obstante, se advierte de que el "camino continúa porque persisten barreras visibles e invisibles, desigualdades y situaciones de discriminación que dificultan el ejercicio real de los derechos en igualdad de condiciones", por lo que este vigésimo aniversario debe servir también para renovar el "impulso transformador" que inspiró la Convención.
Respaldo de las instituciones extremeñas
El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha definido la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un instrumento clave para proteger y asegurar la dignidad presente y futura de las personas con discapacidad. Ha recordado que este tratado puso fin a una discriminación que durante siglos "ha atormentado y ha angustiado" a miles de personas en todo el mundo y ha defendido que, tras veinte años, la sociedad puede sentirse orgullosa de los avances logrados.
"Hemos visto progresos en todas las áreas, accesibilidad, educación, empleo y en participación social, pero, sin duda, el mayor avance que hemos logrado como sociedad ha sido la conciencia colectiva", ha señalado, aunque ha admitido que todavía quedan desafíos por afrontar. Por ello, ha reafirmado el compromiso de la Asamblea con un colectivo que sigue reclamando la "igualdad absoluta" y ha apuntado dos líneas de trabajo: seguir aprobando leyes, políticas y presupuestos que garanticen la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, escuchar y cooperar con las entidades que representan la voz de las personas con discapacidad.
La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha remarcado que la Convención supuso hace veinte años un giro profundo en la forma de "mirar, entender y garantizar los derechos de las personas con discapacidad". "Veinte años de aquella Convención Internacional que nos recordó algo esencial, que la dignidad no se concede, se reconoce, que la inclusión no es un gesto, sino que es una obligación", ha enfatizado.
García Espada ha asegurado que Extremadura asumió el mandato de la Convención "con convicción" y como una "hoja de ruta viva, real y transformadora" para la región. Ha destacado que, bajo el gobierno de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se han impulsado políticas de inclusión alineadas con los principios del tratado, y ha citado como ejemplo las más de 1.900 plazas públicas de atención temprana y los casi 4.400 tratamientos de habilitación funcional. "La vida independiente y la participación en la comunidad no pueden depender del código postal", ha defendido.
Asimismo, ha mencionado las 134 plazas en viviendas tuteladas para personas con discapacidad, el proyecto Mi Casa de Plena Inclusión y las 44 plazas en viviendas supervisadas para personas con trastorno mental grave, junto con una inversión superior a los 25 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo para nuevos proyectos de vida independiente en el periodo 21-27, ya en marcha.
Por último, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reiterado el compromiso de situar a las personas con discapacidad en el centro de las políticas públicas, pero "no como objeto de protección", sino como ciudadanos con plenos derechos. Ha subrayado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un "cambio profundo", al pasar "un modelo asistencial a un modelo que está basado en los derechos humanos" y que, desde su entrada en vigor, "no es solo una referencia ética, es derecho vigente" en España.
"Este cambio de paradigma nos obliga a mirar la discapacidad desde la igualdad, desde la autonomía personal y desde la inclusión real, pero también nos obliga a ser honestos, porque, aunque hemos avanzado, aún nos quedan retos importantes que conseguir", ha concluido.