La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha presentado en la Asamblea de Extremadura las actuaciones del Ejecutivo regional frente al reto demográfico, mientras que la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha sostenido que la “prioridad nacional” contribuye a agravar la sangría poblacional.
El cruce de posiciones se ha producido durante el pleno de este jueves, cuando Gil Rosiña ha interpelado al Gobierno autonómico sobre cómo valora la Junta de Extremadura la evolución demográfica de la comunidad.
Morán ha replicado que el gabinete presidido por María Guardiola lleva tres años tratando de revertir un fenómeno “tan complejo” como la despoblación mediante medidas “realistas y eficaces para contrarrestar los 40 años de políticas demográficas fallidas del socialismo”.
Según ha subrayado, el Ejecutivo regional se toma “muy en serio” esta problemática y actúa de forma “real”, “medible” y “transversal”, en paralelo al desarrollo de los proyectos industriales que se están poniendo en marcha en el territorio.
En este sentido, la consejera ha indicado que las distintas consejerías de la Junta destinaron en el último ejercicio cerrado presupuestariamente un total de 958 millones de euros a este ámbito, lo que supone un incremento del 63,5 por ciento respecto a 2023.
“Estamos actuando en pueblos que pierden población con medidas concretas pero también lo hacemos construyendo. Construyendo centros de salud, construyendo colegios, bajando las ratios para que todos tengan las mismas oportunidades y servicios”, ha remarcado.
Morán ha enlazado estas inversiones con otras iniciativas ya operativas, entre ellas el plan de acción Yo Repueblo, las ayudas al relevo empresarial, al sostenimiento del comercio local y a los servicios de proximidad y ocio.
Ha citado, además, apoyos para la vivienda en municipios pequeños, incentivos para captar nómadas digitales, programas de formación y empleo en el medio rural, ayudas por natalidad y conciliación, servicios de proximidad para personas mayores, la extensión de la fibra óptica y una fiscalidad diferenciada para las localidades de menor tamaño.
“Todo esto, señorías, se hace después de un análisis exhaustivo en los pueblos y viendo sus necesidades reales y, por supuesto, estableciendo mecanismos para evaluar que esas medidas tienen un impacto real, porque no queremos brindis al sol ni grandes anuncios, lo que queremos es que funcione, lo que queremos es que aborden de verdad el reto demográfico”, ha manifestado.
Gil Rosiña sostiene que la “prioridad nacional” ahonda en la despoblación
En su intervención, la parlamentaria socialista Isabel Gil Rosiña ha reiterado que la “prioridad nacional” intensifica la pérdida de habitantes en Extremadura.
“Su prioridad nacional, señora presidenta, es un marco que no resuelve la falta de oportunidades, no genera empleo, no llena las aulas de los colegios de niños y niñas, no garantiza los trabajadores del campo la próxima campaña de la fruta, sino que agrava la pérdida de población y profundiza la fractura social”, ha afirmado.
Gil Rosiña ha señalado que Extremadura se enfrenta a dos grandes desafíos estructurales que “condicionan su presente y amenazan su futuro”: la despoblación y el envejecimiento, junto a la “creciente falta de mano de obra” en “sectores estratégicos” para la economía regional.
Por ello, ha defendido que el incremento de la población activa es una “necesidad para Extremadura”, con independencia del lugar de nacimiento de esas personas, y ha añadido que la comunidad precisa, además de las personas que puedan acogerse al proceso de regularización de migrantes, la llegada de más población.
Ante este contexto, la socialista ha reclamado políticas de cohesión territorial capaces de atraer y fijar habitantes en el territorio, al tiempo que ha considerado que la “prioridad nacional” es “justamente lo contrario a una política de cohesión”.
“El proceso de regularización extraordinario de nuestro país, fíjense, señorías, ha sido posible gracias a una iniciativa legislativa popular. Así es la gente de España, así es la gente de Extremadura. Más de 900 organizaciones lo han impulsado. Un proceso, por tanto, que tiene toda la legitimidad política, social y económica. Y que, por cierto, también votó el Partido Popular en las Cortes Generales”, ha recordado.
Frente a ello, ha censurado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, esté en Extremadura “levantando muros, gobernando contra la gente, contra los derechos humanos”.
“Convertir los derechos y los servicios públicos en una competición entre los de aquí, de Extremadura, y los de fuera no representa al pueblo extremeño, muy al contrario, traiciona la identidad de esta tierra que fue una tierra de migrantes y que hoy quiere ser una tierra de acogida que necesita, además, más población”, ha concluido.