El pleno del Parlamento de Galicia ha respaldado por unanimidad una iniciativa con la que se insta al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Educación a adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del programa de auxiliares de conversación.
La proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, también reclama la creación de un marco jurídico y laboral “claro, estable y común” para el conjunto de las comunidades autónomas, de modo que se homogenicen las condiciones de este programa.
Asimismo, el texto aprobado incluye la petición de que cualquier decisión que se adopte no suponga trasladar costes extraordinarios a la Xunta, que, según se subraya, “ya financia casi en su totalidad el programa”.
BIBLIOTECA VIGO
En otro punto del orden del día, la Cámara ha dado luz verde a una segunda iniciativa del Grupo Popular, que contó con el respaldo del BNG y la abstención del PSdeG, para dirigir demandas al Ayuntamiento de Vigo y al Gobierno central con el fin de reactivar el proyecto de la biblioteca pública del Estado en la ciudad olívica.
La propuesta, defendida este miércoles por la diputada popular Patricia García, plantea instar a la Xunta a que se dirija al Ayuntamiento de Vigo para que, en el plazo máximo de un mes, ceda al Estado la parcela situada en la rúa Lalín, donde está prevista la construcción de la futura biblioteca pública del Estado.
Paralelamente, el Parlamento pide dirigirse al Ejecutivo central para que adopte las medidas oportunas que permitan acelerar la licitación del proyecto de construcción del edificio.
RECHAZADAS PSDEG: LGTBI Y VIVIENDA
Durante esta misma sesión plenaria, el voto en contra del PPdeG ha provocado el rechazo de dos proposiciones no de ley del PSdeG, una centrada en las políticas contra la discriminación del colectivo LGTBI y otra relativa a la vivienda pública en Galicia.
En la primera, los socialistas solicitaban un compromiso con la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI+ (2025-2028), integrando sus medidas en las políticas autonómicas, participando en la coordinación institucional y garantizando la incorporación de planes que impulsen la igualdad real del colectivo en Galicia.
La iniciativa también apostaba por reforzar la colaboración con las organizaciones del colectivo en la comunidad, promoviendo programas conjuntos para la atención a las víctimas de delitos de odio, la sensibilización social y la visibilización de la diversidad sexual y de género.
Además, planteaba, entre otros aspectos, poner en marcha programas de formación específicos dirigidos al personal de las administraciones públicas y desarrollar campañas de sensibilización y educación afectivo-sexual en los centros educativos gallegos.
En lo que respecta a la proposición sobre las viviendas públicas construidas en Galicia desde 2009, el PSdeG reclamaba a la Xunta la presentación, en el plazo de un mes, de un informe “completo y detallado” sobre las viviendas ejecutadas en ese periodo.
Dicho documento, según se recogía en la iniciativa, debía especificar el número de viviendas públicas desde 2009, con un desglose por ayuntamientos y su estado de ejecución o finalización, así como la relación de municipios en los que no se levantó ninguna vivienda pública.
Igualmente, se exigía hacer pública esta información y garantizar su actualización periódica en la página web oficial del Instituto Galego de Vivenda e Solo.
RECHAZADAS BNG: LIBRO EN GALLEGO Y PLANTA DE BIOGÁS
Del mismo modo, el rechazo del Grupo Popular ha tumbado dos proposiciones no de ley del BNG, una vinculada al sector del libro en gallego y otra a la planta de biogás proyectada en A Laracha.
La primera de estas iniciativas instaba a la Xunta a consensuar con los agentes del libro gallego y de la lectura un plan de impulso que permita “recuperar el carácter estratégico y prioritario del sector del libro a la altura de su importancia cultural, social y económica”.
Respecto a la planta de biogás en A Laracha, la propuesta nacionalista solicitaba exigir al Gobierno gallego que no declare este proyecto como estratégico y que se deniegue su autorización ambiental.
Además, reclamaba la elaboración de una normativa específica que regule las plantas de biogás y su implantación en Galicia y, mientras dicha regulación no entre en vigor, que se proceda a la paralización de la tramitación administrativa del proyecto actualmente en curso.