El director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, José María Barreiro, ha expuesto en el Parlamento la revisión del plan de mejora de la calidad de los servicios públicos para el periodo 2026-2027, con el que se pretende ofrecer a la ciudadanía un acceso “más personalizado, amigable y proactivo”.
La hoja de ruta, articulada en 10 ejes, fija como meta suprimir o simplificar 90 procedimientos burocráticos de un total de 130 revisados, al tiempo que impulsa la “rendición de cuentas” y refuerza la transparencia mediante la elaboración de un plan de medidas antifraude de la Xunta.
Durante su intervención en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, Barreiro ha reivindicado el “compromiso sólido” de la Xunta con la modernización de los servicios públicos, puesto que “todas estas acciones tienen un impacto directo en la vida de la ciudadanía”.
Entre las principales líneas de actuación figuran la simplificación de cargas administrativas, la digitalización de los procedimientos, la implantación de un modelo de trabajo “por objetivos” para el personal público, la garantía de una lectura “clara” en el 80% de los trámites y la ampliación de servicios que puedan prestarse sin necesidad de solicitud previa.
El director xeral también ha incidido en la conveniencia de “extender” las encuestas de satisfacción y los procesos participativos, con el fin de incorporar de forma sistemática la opinión de la ciudadanía en la toma de decisiones para perfeccionar los servicios.
Críticas de la oposición al plan de la Xunta
Desde la oposición, la diputada socialista Patricia Iglesias ha descalificado el documento al considerarlo un “copia y pega” del plan 2021-23. Lo tacha de texto “continuista”, sin “ni una sola evaluación crítica” sobre los tiempos de respuesta o los problemas de falta de personal, y cita como ejemplo las listas de espera sanitarias “disparadas” o un sistema de dependencia “desbordado”.
En la misma línea, Óscar Ínsua (BNG) ha afeado que el plan no recoja “nada” relativo a la reducción de plazos en áreas sensibles como la política social o la sanidad. Además, censura que se haya sustentado en una encuesta en la que solo participaron “30 personas”, lo que, a su juicio, “no es representativa” e “invalida” cualquier conclusión.
Por su parte, la diputada del PP Cristina Sanz ha respaldado el “buen trabajo realizado” por la Xunta, subrayando “la importancia que se merece la simplificación administrativa” y su “mejora continua”.
También Armando Ojea (Democracia Ourense) ha valorado positivamente la “intención” de que “se simplifiquen” los trámites y de avanzar hacia una administración “lo más transparente posible”.
Ejecución de los fondos europeos en Galicia
En otro punto del orden del día de la misma comisión, la socialista Patricia Iglesias ha cuestionado los niveles de ejecución de los fondos europeos por parte de la Xunta, que considera “bajos”.
Apoyándose en datos del Consello de Contas, ha denunciado una “inejecución crónica” de recursos comunitarios, situada por debajo del 50%, y sostiene que “5,5 euros de cada 10 quedan sin gastar”. Atribuye esta situación a “perpetuar un funcionamiento de mala gestión interna” del Ejecutivo autonómico y a la “falta de personal técnico”.
En respuesta, el director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Luis Tarrío, ha señalado que, al analizar la ejecución de fondos europeos, es imprescindible tener en cuenta “la dimensión temporal de los mismos”. Recuerda que los programas del marco plurianual 2021-27 pueden ejecutarse hasta 2029 o 2030, por lo que, a su entender, el Consello de Contas se limita a “analizar un ejercicio concreto”.
Tarrío insiste en que la Xunta “cumple” con la ejecución de los fondos europeos que recibe. En cuanto a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), apunta que la ejecución ronda los 1.120 millones de algo más de 1.600, y que ya se tiene comprometido “el 88%” de estas partidas.