El pleno del Parlament ha dado luz verde a una iniciativa del PP con la que se insta al Gobierno de España a mejorar la financiación del sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia en Baleares.
La proposición no de ley (PNL), debatida este martes, ha salido adelante con el respaldo de PP, Vox, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos en todos sus apartados.
El texto aprobado recoge el “incumplimiento” por parte del Estado de la aportación económica prevista en la ley de dependencia y reclama al Ejecutivo central “corregir inmediatamente” este déficit con la Comunidad Autónoma.
La iniciativa también demanda al Gobierno la compensación del déficit acumulado en estos años. Este punto ha prosperado con el apoyo de todos los grupos excepto el PSIB.
Además, casi por unanimidad —solo una diputada del PSIB ha votado en contra— se ha acordado garantizar cada año una partida finalista destinada a reducir las listas de espera, reforzar la atención domiciliaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.
El diputado 'popular' Pedro Álvarez, encargado de defender la propuesta, ha advertido de que la insuficiente financiación estatal impide rebajar las listas de espera o elevar la calidad de la atención y, al mismo tiempo, presiona las cuentas autonómicas.
“Esta propuesta no se tiene que interpretar como una iniciativa de partido: es una propuesta de justicia institucional y de responsabilidad social”, ha insistido.
Álvarez ha recordado que el Gobierno se comprometió a asumir el 50 por ciento del coste de los servicios de dependencia, pero en Baleares en 2024 su aportación apenas alcanzó el 19 por ciento.
Vox ha respaldado la PNL y, en palabras de su diputada Patricia de las Heras, ha reiterado que Vox “siempre defenderá a los ciudadanos de Baleares frente al Gobierno de España”.
No obstante, De las Heras ha señalado que la dependencia es “el mejor ejemplo del fracaso del modelo autonómico”, en el que el Estado “no garantiza la financiación suficiente y deja la factura a las comunidades autónomas”.
Desde el PSIB, el diputado Omar Lamin ha admitido la necesidad de reforzar la financiación, pero ha reprochado que el texto no mencione al Govern, que es la administración responsable de la gestión.
“Que haya más de 3.000 personas esperando a ser valoradas en dependencia es responsabilidad de Marga Prohens”, ha afirmado, añadiendo que es el Govern “el que ha provocado que haya más personas en lista de espera en todos los servicios”.
Por su parte, la diputada de MÉS, Marta Carrió, ha puesto en duda el compromiso real del PP con el aumento de la aportación estatal. Ha explicado que, para asegurar una financiación del 50 por ciento de los servicios de dependencia, es necesario reformar la ley, ya que el artículo que fija ese porcentaje es “ambiguo”.
En este sentido, ha recordado que se está tramitando la modificación de la norma y que los 'populares' han registrado una enmienda, pero sin plantear blindar ese 50 por ciento. “Supongo que es por si vuelve a gobernar el PP en algún momento, pueda hacer un recorte”, ha apuntado.
En la misma línea se ha manifestado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha acusado a los 'populares' de “hacer lo mismo” que el Gobierno central, como “dar obligaciones a los ayuntamientos con la ley de conciliación sin financiación”.
“Si lo hace el Estado, lo hace mal. Si lo hacen ustedes, parece que es fantástico”, ha censurado, al tiempo que ha reiterado que los menorquinistas respaldan la reclamación de una mayor financiación.