El Parlament ha reclamado a las distintas administraciones la puesta en marcha de nuevas políticas públicas dirigidas a combatir la explotación sexual y avanzar hacia la abolición de la prostitución. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos, a excepción de MÉS per Mallorca, que ha optado por la abstención.
Esta petición forma parte de una proposición no de ley (PNL) presentada por la diputada socialista Patricia Gómez y debatida este jueves en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara autonómica.
En otro de los apartados de la PNL, los grupos han acordado, con el voto en contra de Vox, instar al IbDona a poner en marcha campañas de sensibilización sobre las consecuencias de la explotación sexual, así como a pedir al Govern que mantenga y refuerce la cooperación con las entidades que atienden a mujeres en situación de prostitución.
Igualmente, los diputados han dejado constancia de que el pasado mes de diciembre el consejo rector del IbDona dio luz verde al segundo plan autonómico para combatir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y para abordar la prostitución en Baleares.
Reconocimiento institucional al pueblo gitano
La Comisión de Asuntos Sociales también ha abordado y aprobado, en la mayoría de sus puntos y por unanimidad, otra proposición no de ley impulsada por la diputada 'popular' Isabel Curtó. El texto insta al Govern a expresar su reconocimiento institucional del pueblo gitano “como parte esencial de la realidad social, cultural e histórica” de Baleares.
Entre las medidas incluidas, la iniciativa pide al Ejecutivo autonómico que adapte sus actuaciones al Marco Estratégico Europeo y a la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano, que promueva políticas educativas específicas para reducir el abandono escolar temprano y que refuerce los programas de inclusión residencial.
La PNL también reclama intensificar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones gitanas, desarrollar acciones de sensibilización y de lucha contra el antigitanismo y mejorar la coordinación con los consells insulares y los ayuntamientos, con el fin de asegurar una respuesta integral a las necesidades del colectivo.