El PP de Baleares ha registrado en el Parlament una proposición de ley contra la okupación ilegal, con la intención de reforzar la protección de los propietarios y salvaguardar la convivencia en las comunidades de vecinos.
“Se trata de un problema real que sufren muchas familias y muchos vecinos”, ha explicado la portavoz adjunta de los 'populares' en la Cámara autonómica, Marga Durán.
En la comparecencia posterior a la Junta de Portavocez, Durán ha criticado que sea necesario dar este paso en las Islas ante el bloqueo en el Congreso de la propuesta estatal del PP, que ya fue aprobada en el Senado pero sigue sin avanzar en la Cámara Baja.
“Este bloqueo tiene nombre y apellidos. Francina Armengol mantiene esta ley en un cajón desde febrero de 2024 impidiendo que continúe su tramitación parlamentaria, dejando desprotegidos a miles de propietarios y vecinos frente a la ocupación ilegal”, ha afirmado.
Desde el PP sostienen que es imprescindible reforzar la protección jurídica frente a la okupación ilegal y advierten de que no se puede tolerar que el esfuerzo de las familias para adquirir una vivienda quede comprometido por estas prácticas y “por la pasividad política de quienes deberían facilitar que esta ley se debata y se apruebe”.
La portavoz adjunta ha subrayado que este fenómeno impacta en propietarios, comunidades de vecinos y barrios completos. A partir de cifras del Ministerio del Interior, ha señalado que en 2024 se registraron en España más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas y en Baleares 514 casos, lo que supone un incremento del 27 por ciento respecto al año anterior.
La proposición de ley del PP plantea agilizar los desalojos en un máximo de 24 horas, endurecer las sanciones penales frente a las ocupaciones ilegales, actuar contra quienes fomenten estas conductas y asegurar que propietarios y comunidades dispongan de más instrumentos para proteger la convivencia y la seguridad.
“Lo que está en juego no es una cuestión partidista, sino proteger a quienes cumplen la ley, garantizar la convivencia en nuestros barrios y defender el respeto a la propiedad privada”, ha concluido.