El proyecto de ley para la aceleración de proyectos estratégicos, conocido como ley ómnibus, ha incorporado las nuevas condiciones para poder optar a la Renta Social Garantizada (Resoga), que exigirá acreditar al menos tres años de residencia legal, así como la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal.
Estas son dos de las enmiendas debatidas durante toda la tarde de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, órgano encargado de dictaminar el texto antes de remitirlo al pleno.
Entre las propuestas de Vox que han salido adelante con el apoyo de los 'populares', según han detallado los de Santiago Abascal en un comunicado, figuran la modificación del acceso a la Resoga y la creación de una Oficina Antiokupación.
También se ha aprobado relajar el requisito lingüístico para acceder a una plaza en la función pública, incorporar psicólogos generales sanitarios al sistema de salud, reservar plazas de policía local para militares profesionales y agilizar proyectos comerciales a través de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU).
Asimismo, se han dado luz verde a actuaciones en materia de transparencia en las bolsas educativas, protección de los acuíferos, limitación de la "discrecionalidad" en las emergencias por sequía, eliminación de normativa "obsoleta" y ampliación de plazos para ejecutar proyectos residenciales.
Según ha destacado Vox, la medida con mayor repercusión económica directa para los hogares es la ampliación de las deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF, que pasan a ser de 900 euros por el primer hijo, 1.200 por el segundo, 1.500 por el tercero y 1.800 euros a partir del cuarto.
Junto a ello se han introducido rebajas de tipos impositivos para la compra de vivienda habitual, bonificaciones fiscales para inmuebles de precio limitado, mejoras específicas para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, y bonificaciones de hasta el 100% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados ligado a la adquisición de la primera vivienda habitual.
Críticas de MÉS per Mallorca al trámite parlamentario
MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente la "perversión" del sistema parlamentario que, a su juicio, se ha evidenciado durante la comisión de este martes.
Los ecosoberanistas han calificado en un comunicado la ley de aceleración de proyectos estratégicos como "ley Frankestein", al haberse incorporado decenas de nuevas enmiendas y transacciones.
"Han empleado las enmiendas para crear leyes y ahora usan las transacciones para modificarlas, pero no se puede recurrir al texto original porque no aparecen", ha señalado el líder parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, que se ha negado a apoyar cualquier enmienda sin relación con el título original de la norma en tramitación, después de que los letrados de la Cámara autonómica advirtieran de que se habían incluido vulnerando el reglamento.
El proyecto normativo ha recibido más de 200 enmiendas que inciden, de forma directa o indirecta, sobre más de medio centenar de leyes, entre ellas la ley de normalización lingüística, que el PP y Vox "se cargan por la puerta trasera".
Apesteguia ha pedido a todos los grupos parlamentarios que reflexionen para "aislar a quien pervierte de esta manera el sistema parlamentario", pero su llamamiento no ha prosperado, ya que incluso el PSIB "ha entrado en el juego" apoyando y transaccionando propuestas del PP.
El ecosoberanista, junto con el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha intentado que la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos rechazara a trámite las transacciones entre PP y Vox alegando que contravenían el reglamento.
Sin embargo, la dirección de la comisión ha optado por una interpretación "extensiva" de las normas parlamentarias para admitirlas en su totalidad.
Tampoco ha aceptado, como reclamaba MÉS, debatir las enmiendas de forma individual con el fin de poder "entrar en el fondo" de cada una. En su lugar, se ha impuesto un debate "global" que, según denuncian, ha dejado "poco margen" a los diputados para exponer sus planteamientos.
Todo ello ha desembocado en un debate "parcial, superficial, esperpéntico y vergonzoso" que, para los ecosoberanistas, "vulnera la capacidad de trabajar de forma correcta por parte de los diputados y ha dado un resultado que no se aguanta por ningún lado".