El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reivindicado la ley de capitalidad como una “oportunidad histórica” para la ciudad, al prever que se duplique la aportación mínima que realizan el resto de administraciones a la capital balear, hasta alcanzar los 60 millones de euros.
“Es un día histórico para Palma”, ha recalcado ante los medios en el Parlament, poco antes de intervenir en el pleno en el que este martes se debate la toma en consideración de la nueva norma.
Martínez ha explicado que la reforma de la ley de capitalidad supone una respuesta “justa y necesaria” para los vecinos de Palma, en un contexto marcado por las transformaciones de las dos últimas décadas, entre ellas el notable incremento de población.
Durante su intervención en la Cámara, el alcalde ha reiterado la “imperiosa necesidad” de revisar y adaptar la ley para que Palma disponga de una financiación “actualizada, suficiente y justa”, acorde a la realidad actual del municipio.
Reserva de vivienda protegida y cambios urbanísticos
La propuesta normativa incorpora una disposición adicional que faculta al Ayuntamiento a plantear al Govern una modificación de la legislación urbanística, con el fin de poder establecer un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o incluso suprimirlo en determinados supuestos.
Sin embargo, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ya adelantó que su grupo registrará enmiendas dirigidas a garantizar un 50 por ciento de vivienda de protección oficial y de precio limitado.
“De eso se trata, de mejorar el texto”, ha manifestado Martínez cuando los periodistas le han preguntado por este punto. A continuación ha subrayado que el precepto de la ley “dice claramente que se respeta y se protegen los estándares tanto estatales como autonómicos de vivienda protegida”.
Asimismo, ha remarcado que será el Govern quien tenga la decisión final sobre “si quiere dar más herramientas al Ayuntamiento para que sea más ágil y se pueda resolver la crisis de la vivienda o no”.
En el transcurso del pleno, el primer edil ha defendido que la ley de capitalidad se concibe como una herramienta para que el municipio pueda desarrollar un marco jurídico que aporte “celeridad y seguridad jurídica” a la promoción de vivienda asequible, “garantizando las reservas de vivienda protegida que marca la ley”.