El Parlament ha votado en contra de que los consistorios de Baleares puedan pedir ser declarados como áreas con el mercado residencial tensionado y, de esta manera, fijar un tope a las rentas del alquiler.
Esta propuesta formaba parte de una moción defendida por la diputada socialista Carol Marqués en el pleno de este martes, que ha quedado prácticamente rechazada en su conjunto por el voto contrario del PP y de Vox.
La iniciativa planteaba que el Govern, en aplicación de la ley estatal de vivienda, declarase zonas tensionadas en todos los municipios del archipiélago que cumpliesen los requisitos fijados, con el objetivo de poder intervenir y controlar los precios de los arrendamientos.
Asimismo, se contemplaba que los ayuntamientos que se vieran afectados pudieran instar formalmente la puesta en marcha de esta figura y que el Ejecutivo autonómico estuviera obligado a atender esa solicitud.
En coherencia con este planteamiento, el texto reclamaba también legislar para ordenar el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones, así como modificar la ley autonómica de vivienda para permitir el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las subastas de edificios completos.
El único apartado que ha prosperado, gracias al apoyo conjunto del PP y de los grupos de izquierda, ha sido el que pide al Govern acelerar la construcción de vivienda pública protegida en las nuevas promociones anunciadas en los últimos meses.
Igualmente, se pretendía instar al Govern a fijar criterios transparentes para seleccionar a los inquilinos de las viviendas de precio limitado de los programas Construir para Alquilar y Alquiler Seguro; a impulsar un pacto autonómico por la vivienda con la implicación de todos los agentes sociales y fuerzas políticas; y a detallar un calendario para cumplir los compromisos asumidos en materia de vivienda.
Durante la defensa de la moción, Marqués ha advertido de que la vivienda se ha convertido ya «en un lujo para unos pocos» y que el encarecimiento de los alquileres está llevando a que «familias desesperadas» se planteen abandonar Baleares y empezar de cero en territorios con precios más asequibles.
Según la diputada socialista, «Declarar zonas tensionadas no es un capricho sino una herramienta para limitar unos precios abusivos que darían un respiro a muchas familias» y ha remarcado que «muchos alcaldes también lo han pedido en sus municipios». «Es una medida que sí funciona cuando lo que se quiere es que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna», ha incidido.
En términos similares se ha pronunciado el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, quien ha señalado que hay «miles y miles de personas que no llegan a final de mes» debido al coste del alquiler. A su juicio, «Y el Govern ha tomado cero medidas para protegerlas. Muchas para fomentar el crecimiento, pero cero para quienes no pueden pagar el alquiler».
Desde el PP, la diputada Margalida Pocoví ha defendido una posición opuesta y ha argumentado que las herramientas planteadas por la izquierda no resultan efectivas porque retiran del mercado viviendas que podrían destinarse al alquiler.
Además, ha recriminado al PSIB que en la etapa de gobierno de Francina Armengol no materializasen la construcción de las 15.000 viviendas de protección oficial que habían prometido.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha asegurado que la moción socialista «no busca dar soluciones sino desgastar al Govern y copiar modelos fracasados que ya se ha visto que han agravado el problema de la vivienda».
En su opinión, la respuesta al problema no pasa por limitar los precios del alquiler, sino por «liberar suelo y facilitar la iniciativa privada y que las viviendas que están fuera del mercado vuelvan a estar disponibles para quienes las necesitan».










