El PP y Vox han reclamado este martes en el Parlament balear la repatriación de los menores migrantes no acompañados, la supresión de las subvenciones a las ONG que “faciliten la inmigración” y la suspensión de la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.
Estas medidas forman parte de una proposición no de ley (PNL) defendida por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha prosperado gracias al respaldo del grupo 'popular'.
Aunque el PP había planteado más de una decena de enmiendas para retocar el texto, Cañadas ha sostenido que pretendían “descafeinarlo y diluir su alcance” y por ello ha decidido rechazarlas.
Pese a este desacuerdo, los 'populares' han acabado votando a favor de varios de los apartados con los que inicialmente no coincidían plenamente.
Entre otros aspectos, el Parlament ha expresado su oposición a una regularización extraordinaria de personas migrantes y ha instado al Gobierno central a repatriar a todos los migrantes irregulares, a quienes cometan delitos y a los menores que lleguen sin sus progenitores.
Asimismo, la Cámara autonómica ha pedido al Ejecutivo que retire las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG que “promuevan o faciliten la inmigración y el tráfico de personas”, que endurezca las penas contra las mafias, que ponga fin a las políticas “de efecto llamada”, que actúe frente a los “fraudes de ley” en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo y que suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión migratoria.
El resto de propuestas incluidas en la PNL no han prosperado, bien por la abstención del PP o por su voto en contra. Entre ellas figuraban referencias a la llamada 'prioridad nacional', la aprobación de ordenanzas municipales para impedir el empadronamiento de migrantes irregulares, la eliminación de ayudas a personas migrantes salvo las estrictamente humanitarias “hasta la devolución a sus países de origen” o la prohibición de acceder a la nacionalidad española a quienes hayan entrado por vías irregulares.
El debate en el hemiciclo
Durante su intervención, Cañadas ha alertado de las consecuencias negativas que, a su juicio, tendría una regularización de migrantes, subrayando “la sobrecarga de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad”.
“Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que solo beneficia a las mafias”, ha afirmado.
La diputada del PP Cristina Gil ha defendido que en Baleares “no cabe todo el mundo y los servicios ya no dan más de sí”.
“Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse”, ha enfatizado.
Desde el PSOE, Teresa Suárez ha opinado que las medidas incluidas en la iniciativa “dinamitan la sociedad con una naturalidad que espanta” y ha acusado a PP y Vox de oponerse a la regularización con el objetivo de “tener a la gente trabajando sin derechos”.
En la misma línea crítica, la ecosoberanista Marta Carrió ha reprochado a ambas formaciones ser “muy contundentes con los migrantes vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico”.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha calificado el texto de “racista, clasista y contra las personas pobres” y ha denunciado que persigue “la deshumanización del migrante”.