El Grupo Izquierda Confederal en el Senado, en el que se integra Eivissa i Formentera al Senat, ha presentado una moción para reforzar la participación de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en la gestión de los aeropuertos ubicados en sus territorios.
La iniciativa se debatirá el 26 de mayo a las 11.00 horas en el seno de la Comisión Mixta sobre Insularidad, donde se abordará el papel que deben tener ambos ejecutivos regionales en las decisiones sobre sus infraestructuras aeroportuarias.
En la exposición de motivos, los proponentes subrayan que la conectividad aérea es un factor clave para asegurar la igualdad real de los residentes en territorios insulares y ultraperiféricos. Recuerdan que, en comunidades como Baleares, el transporte aéreo "no representa una mera infraestructura económica o turística, sino una condición indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales vinculados a la movilidad, el acceso a servicios públicos, la cohesión territorial y el desarrollo económico y social".
El Estatut d'Autonomia de Baleares, aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, establece en su artículo 32.15 el derecho de la comunidad autónoma a intervenir en la gestión de los aeropuertos y puertos de interés general del Estado situados en su ámbito territorial, de acuerdo con lo fijado en la normativa estatal.
No obstante, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de los estatutos de autonomía de Baleares y Canarias, los preceptos que contemplan esta participación autonómica aún no se han materializado de forma efectiva.
En la moción, las formaciones recuerdan que "las decisiones adoptadas por Aena y otros organismos del sistema aeroportuario estatal tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana de millones de ciudadanos de ambos archipiélagos. La fijación de tasas aeroportuarias, la planificación de inversiones, la gestión de infraestructuras, la política de rutas o las decisiones operativas afectan de manera singular a territorios que dependen estructuralmente del transporte aéreo. Resulta especialmente preocupante que decisiones estratégicas de enorme trascendencia territorial puedan adoptarse sin mecanismos reales de participación institucional de las CCAA afectadas".
Por este motivo, concluyen que "resulta necesario que el Gobierno impulse de manera decidida el cumplimiento efectivo de los estatutos de autonomía de Canarias y Baleares, garantizando la participación real de ambas Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos situados en sus territorios".