El grupo parlamentario de Vox ha presentado este miércoles en la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) con la que pretende recabar el respaldo del Parlament para que se inste al Govern a aplicar un criterio de “prioridad nacional” fundamentado sobre todo en el arraigo, sin hacer referencia en ningún momento a la nacionalidad.
La propuesta, que se debatirá en próximas fechas en la Comisión de Asuntos Sociales, atribuye a las personas migrantes, entre otros factores, que los servicios públicos se encuentren “al borde de la quiebra”.
Ante este escenario, el texto firmado por la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, sostiene que es necesario “defender que los recursos públicos vayan prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles” y que se revisen los mecanismos de protección social mediante la implantación del criterio de “prioridad nacional”.
De este modo, según se recoge en la iniciativa, “cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles”.
Definición de la ‘prioridad nacional’ y papel del arraigo
El documento desgrana a continuación cuatro peticiones que acotan qué entiende Vox por “prioridad nacional” en Baleares, tras varias semanas de polémica entre los grupos parlamentarios en torno a este concepto.
La semana pasada, en una rueda de prensa, la propia Cañadas afirmó que su planteamiento de “prioridad nacional” pasaba por dar preferencia en el acceso a los servicios públicos en función de la nacionalidad y no del arraigo.
“La figura del arraigo la puso el PP y Vox no está de cuerdo.El foco lo ponemos en la nacionalidad, porque cualquier persona que pide el arraigo luego puede tener la nacionalidad. Estamos provocando un efecto llamada brutal, paso a paso. La nacionalidad española se ha dado como si fuesen churros”, señaló.
La diputada defendió igualmente que establecer un criterio de acceso a los servicios públicos basado en la nacionalidad no vulneraría la Constitución, al considerar que esta se dirige a los españoles y no a los extranjeros.
Sin embargo, la PNL registrada este miércoles evita en todo momento aludir a la nacionalidad —el término no aparece ni una sola vez en sus cuatro páginas— y centra su argumentación en la figura del arraigo.
Así, el primer punto de la iniciativa plantea instar al Govern a “promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
El modelo diseñado por Vox contempla, siempre según el texto, la creación de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”; la conexión del acceso a las ayudas “a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”; y la restricción de las prestaciones y servicios sociales para quienes estén en situación administrativa irregular a “supuestos de urgencia vital”.
Vivienda protegida, alquiler social y cambios normativos
La PNL también propone extender la “prioridad nacional” al sistema de adjudicación de vivienda protegida y alquiler social, exigiendo de nuevo “un arraigo real, duradero y verificable” que se concrete en entre cinco y diez años de empadronamiento.
Entre los criterios adicionales que Vox quiere introducir para acceder a una vivienda pública figuran la “vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa”; la preferencia para menores de 36 años, familias numerosas o personas con discapacidad; la exclusión de solicitantes con condenas por allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años; y la supresión de criterios que, a su juicio, “favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos”.
Finalmente, Vox pretende que el Ejecutivo autonómico impulse la derogación o modificación de “toda norma autonómica que dificulte la consecución efectiva de la ‘prioridad nacional’ en los términos descritos”; y que el Gobierno central reforme la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para “la consecución efectiva de la ‘prioridad nacional’ en el acceso a vivienda protegida y alquiler social a fin de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
“Mientras haya ciudadanos de aquí que no pueden pagar el alquiler, que no encuentran una VPO, que ven cómo sus hijos tienen que irse de las islas, resulta inaceptable que los recursos públicos no vayan primero a ellos. No es exclusión: es justicia”, ha sentenciado Cañadas.