Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción contra el Hambre, ha señalado recientemente que aunque haya una ‘estabilización’ en los niveles de hambre, no debemos ignorar que ‘el mundo está fallando a quienes más lo necesitan’ y que mientras algunos países avanzan, otros como Sudán o Gaza se hunden más en esta crisis.
‘El hambre no es inevitable; es el resultado directo de decisiones políticas’, declaró tras la publicación del informe anual de la FAO titulado ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Combatir la alta inflación de los precios de los alimentos para la seguridad alimentaria y la nutrición’.
Sánchez-Montero comentó que las estadísticas del reporte ‘siguen siendo abrumadoras’, destacando que 2.300 millones de personas, o una de cada tres en el planeta, padecen de inseguridad alimentaria moderada o severa. Subrayó que lograr la seguridad alimentaria va más allá de satisfacer necesidades calóricas; implica asegurar una vida digna y sin incertidumbres.
Además, Acción contra el Hambre ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en África, donde casi la mitad de las personas afectadas por el hambre residen. En zonas de Sudán como Darfur Central, Kordofán del Sur y Nilo Blanco, la organización ha asistido a 816.943 individuos con iniciativas de nutrición y salud desde abril de 2023 hasta diciembre de 2024.
En Gaza, donde la totalidad de la población enfrentó inseguridad alimentaria aguda en 2024 debido al bloqueo de ayuda humanitaria, cerca de 100 profesionales de la organización local apoyan programas de nutrición y seguridad alimentaria, distribuyen complementos nutricionales, administran centros de alimentación para lactantes y niños pequeños y ofrecen servicios comunitarios para tratar la desnutrición aguda.
Finalmente, la ONG se propone reducir ‘de forma urgente y sostenible’ las cifras de desnutrición aguda infantil que afectan a 45 millones de niños menores de cinco años globalmente (6,8% de esta población infantil). También se esfuerza por entender y enfrentar la relación entre violencia y hambre aguda, expandiendo y fortaleciendo los sistemas de protección social en países con infraestructuras frágiles, con el objetivo de asegurar el acceso a servicios básicos como salud, agua y seguridad alimentaria para los más vulnerables.
















