La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), junto al Gobierno de Honduras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras organizaciones, ha advertido este lunes de que más de 423.000 personas, el 4,5% de la población del país, han padecido desplazamiento forzado en algún momento de sus vidas a causa de la violencia, según un levantamiento de datos realizado entre junio y agosto de 2024.
Este informe constituye el primer estudio de este tipo desarrollado en Honduras y permite dimensionar un fenómeno hasta ahora escasamente medido en el país centroamericano. El impacto recae de forma especial en las mujeres, que suponen el 55% de la población desplazada, y en los menores de edad, que representan el 11% del total.
“Al medir el desplazamiento interno, ponemos nombre y rostro a una realidad persistente y convertimos los datos en una herramienta clave para que el Estado diseñe políticas públicas que protejan y devuelvan la dignidad a miles de familias hondureñas”, ha subrayado el director ejecutivo del INE de Honduras, Rony Pacheco.
ACNUR ha remarcado que quienes se ven obligados a abandonar sus hogares son especialmente vulnerables a la inseguridad, la pobreza extrema, el hambre y la pérdida de sus bienes; mientras que los niños, niñas y adolescentes quedan directamente expuestos a amenazas como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.
El organismo también ha señalado que un 38,5% de las personas entrevistadas se ha visto forzada a desplazarse tanto por episodios de violencia como por desastres naturales, lo que agrava la situación de estas comunidades.
Aunque el desplazamiento afecta a todos los grupos de edad, el patrón se concentra sobre todo entre los 15 y los 34 años, franja en la que se sitúa el 38% de los casos. Las áreas urbanas, en particular el Distrito Central y San Pedro Sula, las más castigadas por la criminalidad, reúnen la mayor parte de la población desplazada.
Para la representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, el país está registrando avances graduales en la atención a las víctimas de este fenómeno, y encuestas de este tipo permiten al Estado “comprender mejor la magnitud y la evolución” de este problema “con el objetivo de que las personas y familias que han tenido que dejar todo atrás puedan reconstruir sus vidas con dignidad”.