La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido imputar formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.
La acusación, adelantada por la agencia Reuters y confirmada este miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, supone uno de los golpes judiciales más relevantes lanzados por Washington contra la cúpula histórica del castrismo.
Castro, de 94 años, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cuando los cazas cubanos abatieron las aeronaves civiles en una operación que el Gobierno de La Habana justificó entonces como una defensa de su espacio aéreo.
Treinta años después, una causa que sigue abierta
Las dos avionetas pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización creada por exiliados cubanos en Miami para localizar y auxiliar a balseros que trataban de alcanzar las costas de Florida. El 24 de febrero de 1996, dos de sus aparatos fueron derribados por aviones MiG de la Fuerza Aérea Cubana.
Murieron los pilotos y activistas Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Mientras Cuba sostuvo que las aeronaves habían violado reiteradamente su espacio aéreo, Estados Unidos defendió que fueron abatidas sobre aguas internacionales, una tesis respaldada posteriormente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Advertencia al régimen cubano
La imputación de Raúl Castro se interpreta en Washington como un mensaje inequívoco al actual Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Trump ha endurecido su discurso en las últimas semanas y ha acusado a Cuba de albergar operaciones de inteligencia y actividades hostiles a escasos kilómetros del territorio estadounidense.
“Estados Unidos no tolerará un Estado rebelde a noventa millas de nuestras costas”, ha declarado el presidente norteamericano al anunciar la ofensiva judicial.
La decisión se produce en un momento de máxima fragilidad para la isla, sumida en una profunda crisis económica, energética y social.
Aunque la imputación tiene un impacto político, su materialización judicial es mucho más compleja. Raúl Castro reside en Cuba y no existe ninguna posibilidad realista de que sea extraditado mientras permanezca bajo la protección del régimen.
No obstante, la acusación limita drásticamente su margen internacional y refuerza el aislamiento de la cúpula castrista, al tiempo que deja abierta la puerta a futuras órdenes de detención si abandonara la isla.
La Habana denuncia una escalada
Por su parte, el Gobierno cubano ha rechazado las acusaciones y considera que forman parte de una estrategia de presión y desestabilización impulsada por Washington.
Desde La Habana se insiste en que el derribo de 1996 fue una respuesta soberana ante incursiones ilegales en el espacio aéreo cubano, mientras que la Casa Blanca lo presenta como un asesinato deliberado de civiles.