Amnistía Internacional ha lanzado una grave acusación contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por su brutal ataque al campo de desplazados de Zamzam en Sudán, describiéndolo como un ‘crimen de guerra’ y exigiendo una investigación exhaustiva.
En su informe titulado ‘La Destrucción de un Refugio: Violaciones de las RSF en el campo de desplazados de Zamzam, en Darfur’, la organización detalla cómo las RSF ‘mataron deliberadamente a civiles, tomaron rehenes y saquearon y destruyeron mezquitas, escuelas y centros sanitarios durante un ataque a gran escala perpetrado el pasado mes de abril’. Este ataque se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de abril, utilizando ‘armamento explosivo y disparando armas de fuego de manera aleatoria en zonas residenciales pobladas’, empujando a aproximadamente 400.000 personas a huir del área.
ATAQUES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
Las RSF, que tomaron El Fasher el 26 de octubre, ejecutaron a decenas de hombres desarmados y cometieron violaciones contra decenas de mujeres y niñas. ‘El ataque horrendo y deliberado contra población civil desesperada y hambrienta en el campo de Zamzam volvió a poner de manifiesto el alarmante desprecio por la vida humana’, declara la organización.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, enfatizó que estos actos ‘no se trataron de un ataque aislado; formó parte de una campaña sostenida contra aldeas y campamentos para personas internamente desplazadas’. Además, criticó el apoyo de ciertos estados, como Emiratos Árabes Unidos, al conflicto al suministrar armas a las RSF.
Callamard ha pedido a la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Africana, la Unión Europea y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, así como a potencias globales como Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, que intensifiquen la presión sobre Emiratos Árabes Unidos para evitar ‘el desvío de estas’ armas a las RSF.
Los supervivientes del ataque han expresado sentirse ‘abandonados por los actores internacionales’ y denuncian la falta de servicios básicos y compensación por los crímenes sufridos, que podrían constituir crímenes de guerra.











