Amnistía Internacional denuncia un repunte del 78% en las ejecuciones, el nivel más alto desde 1981

Amnistía Internacional denuncia un fuerte aumento global de las ejecuciones en 2025, con la cifra más alta desde 1981 y un repunte del 78%.

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Shelby Nealy llega a la vista para dictar sentencia después de que un jurado votara a favor de recomendar la pena de muerte Europa Press/Contacto/Douglas R. Clifford
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Amnistía Internacional ha advertido este lunes de un fuerte repunte de las ejecuciones a escala mundial durante 2025, año en el que más de 2.700 personas perdieron la vida por la aplicación de la pena capital, lo que supone el dato más elevado desde 1981 y un incremento del 78%.

Según el informe “Condenas a muerte y ejecuciones 2025” de Amnistía Internacional, al menos 2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países, un aumento muy significativo frente a 2024, cuando se documentaron al menos 1.518 ejecuciones.

La organización atribuye este repunte, sobre todo, a Irán, donde las autoridades aplicaron la pena de muerte a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. También destaca el incremento en Arabia Saudí, con al menos 356 ejecuciones, y en Kuwait, con 17, que triplicó la cifra del año anterior, mientras que Egipto, con 23, la duplicó.

En Estados Unidos, el número de personas ejecutadas subió de 25 a 47, y en Singapur pasó de nueve a 17. No obstante, Amnistía subraya que estos datos son solo estimaciones, ya que continúan llevándose a cabo ejecuciones en China, país que mantiene en secreto sus estadísticas y que, con miles de penas de muerte, se considera el Estado que más recurre a esta práctica en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos”, ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, que apunta a que el recrudecimiento de visiones punitivas de la “guerra contra las drogas” ha favorecido el uso de la pena de muerte.

“Esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha señalado, incidiendo en que casi la mitad de los ajusticiamientos fueron por delitos relacionados con las drogas.

En cuanto a los avances hacia la abolición, Amnistía lamenta que cuatro países retomaran las ejecuciones el año pasado: Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán. En total, 17 Estados recurrieron a la pena capital como sanción penal.

“En el resto del mundo se hicieron progresos que demostraron que la esperanza es más fuerte que el miedo”, sostiene la ONG, que resalta que no se tiene noticia de ejecuciones ni de nuevas condenas a muerte en Europa y Asia Central.

En el continente americano, únicamente Estados Unidos llevó a cabo ejecuciones; casi la mitad se concentraron en el estado de Florida. En África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur.

Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos Estados de los que se tiene constancia de uso de la pena de muerte en el sudeste asiático. Tonga sigue siendo el único país de Oceanía que conserva la pena capital en su legislación.