QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Amnistía Internacional ha reiterado este miércoles que una “paz sostenible” en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel solo será posible si existe una “verdadera rendición de cuentas”. Por ello, la ONG ha salido en defensa de la justicia internacional tras los recientes “ataques” dirigidos en los últimos meses contra organismos como el Tribunal Penal Internacional (TPI).
“El sistema de justicia internacional está siendo atacado, y se halla amenazada su propia existencia. La mayor prueba de fuego a la que se enfrenta está en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard, quien ha instado a salvaguardar la capacidad del TPI para garantizar dicha rendición de cuentas.
Callamard ha valorado positivamente que el mes pasado los líderes mundiales dieran luz verde en el Consejo de Seguridad de la ONU a una resolución que diseña un plan para Gaza, pero ha recalcado que “no se pueden ocultar bajo la alfombra decenios de crímenes del Derecho Internacional con acuerdos que hacen caso omiso a la rendición de cuentas y afianzan la injusticia”.
“Verdad, justicia y reparación: esas son las bases de una paz duradera”, ha subrayado la responsable de Amnistía Internacional, que ha animado a la comunidad internacional “preocupada por los evidentes fallos de la resolución” a implicarse en la elaboración de “una hoja de ruta para garantizar justicia y reparaciones y asuma el compromiso de aplicarla”.
Según ha recalcado, “el objetivo debe ser el fin del genocidio de Israel, de su sistema de apartheid y la ocupación ilegal del territorio palestino, a la vez que se abordan los crímenes al Derecho Internacional cometidos” por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos.
En esta línea, Amnistía Internacional propone que, para asegurar una justicia “verdadera, efectiva y significativa”, la futura hoja de ruta se base en la “complementariedad de diversas instituciones” y mecanismos judiciales, entre ellos las pesquisas del TPI, “que deben llevarse a cabo sin ningún impedimento y con acceso de los investigadores” sobre el terreno.
La ONG sostiene que esas investigaciones han de abarcar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de apartheid de Israel, así como los delitos cometidos por grupos armados palestinos antes del 7 de octubre de 2023, durante esa fecha y posteriormente, “a fin de garantizar que todas las personas –en especial las más responsables, en caso de que estén vivas todavía– comparecen ante la justicia”.
Además, reclama que la hoja de ruta estipule que los Estados se obligan a cooperar de forma plena con los mecanismos de investigación de la ONU y con el tribunal de La Haya, y que estos “deben hacer cumplir las órdenes de detención del TPI y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el levantamiento de sanciones y restricciones impuestas a las organizaciones palestinas de Derechos Humanos”.
Junto a los instrumentos internacionales, Amnistía Internacional recuerda que los Estados “pueden emprender un nuevo camino hacia la paz fundado en la justicia, ejerciendo al jurisdicción nacional o universal u otras formas de jurisdicción penal extraterritorial con respecto a los crímenes del derecho Internacional cometidos”.
“Las víctimas de las atrocidades cometidas en los Territorios Palestinos Ocupados merecen justicia verdadera, lo que supone, no solo ver que los responsables son procesados y condenados, sino también recibir reparación adecuada y efectiva, y garantías de no repetición. Es indudable que estos pasos son decisivos para alcanzar paz y seguridad duraderas”, ha concluido la secretaria general.
PERSPECTIVAS DE GARANTIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS
La organización subraya que la investigación abierta por el TPI sobre la “situación en Palestina” y las órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, “siguen siendo decisivas para las perspectivas de garantizar rendición de cuentas”.
“La rendición de cuentas no es negociable. Los responsables de crímenes de Derecho Internacional deben comparecer ante la justicia, y las instituciones a las que presentan deben comprometerse a seguir una nueva vía arraigada en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, por medios como aprobar leyes para prevenir que se cometan más violaciones de ellos en el futuro”, ha señalado Callamard.
También ha insistido en que “todas las partes deben reconocer su responsabilidad y cooperar con organismos de investigación y mecanismos de justicia internacional (…), aplicando sus recomendaciones y permitiéndoles recabar, proteger y analizar datos con fines de rendición de cuentas”.
“Se debe escuchar y reconocer a las víctimas, y se les tiene que garantizar un recurso efectivo que incluya la reparación. Sin estas medidas concretas para garantizar la verdad y la justicia no puede haber paz duradera”, ha añadido la responsable de Amnistía Internacional.
En la misma línea, ha defendido que adoptar estas medidas “es un paso esencial que hay que dar para poner fin al genocidio, restablecer la confianza en el Derecho Internacional y garantizar que todas las víctimas tienen acceso a justicia, verdad y reparación”.
