La ONG Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este viernes a las autoridades venezolanas que pongan fin de forma inmediata a las “detenciones arbitrarias” en el país y decreten la liberación de los cientos de presos políticos que continúan en prisión. La organización considera que las excarcelaciones registradas el jueves suponen un “alivio necesario”, pero recalca que resultan claramente insuficientes mientras persista la política de represión.
En un comunicado, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, ha subrayado que “El fin de cada detención arbitraria es un alivio necesario y esperado para las víctimas que han sido liberadas (...) No por ello dejan de ser medidas insuficientes, en tanto siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos (...) Amnistía Internacional exige su libertad inmediata y la de las cientos de personas que aún están detenidas”.
Piquer ha insistido en que las familias de las alrededor de mil personas encarceladas por razones políticas —de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil locales— deben “recibir justicia y reparación”, y ha exigido que ninguna de las víctimas de estas detenciones arbitrarias continúe “siendo sometida a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios por parte de las autoridades de Venezuela”.
La representante de Amnistía en Suramérica ha recordado que “Estos (...) perpetúan el temor y la revictimización de las víctimas. Es por ello que la organización reitera su llamado a que las excarcelaciones vayan acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima”.
En la misma línea, la ONG ha denunciado que la “política de represión del Gobierno venezolano sigue intacta y vigente” y ha señalado que, en los días anteriores a las liberaciones de esta semana, recibieron “numerosos reportes de nuevas detenciones arbitrarias”, lo que a su juicio evidencia la continuidad del patrón represivo.
Piquer ha advertido de que “La cruel puerta giratoria de detenciones y excarcelaciones debe cesar de una vez por todas”, y ha exigido además “se investigue a las personas --hasta el más alto nivel-- que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.