Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights First (HRF) han reclamado este miércoles a las autoridades polacas que “pongan fin” a la “cooperación” del Ejecutivo del país con las “deportaciones masivas ilegales” de personas inmigrantes, llevadas a cabo, según han recalcado, por la Administración estadounidense.
Ambas organizaciones han trasladado su postura en una carta conjunta dirigida al vice primer ministro y titular de Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, en la que le instan a “poner fin” a la “cooperación del Gobierno polaco con las deportaciones masivas ilegales de comunidades de inmigrantes” promovidas desde Washington, y en la que también reclaman compensaciones para las personas “deportadas por la fuerza”.
En el documento, AI y HRF detallan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) “pasó por aeropuertos polacos y atravesó territorio” del país europeo “durante al menos dos operaciones” con el objetivo de “expulsar a más de 50 personas a Ucrania --una zona en guerra activa-- en noviembre de 2025 y marzo de 2026”.
Asimismo, han añadido que, “desde que se envió la carta, otro vuelo del ICE con un número desconocido de personas a bordo ha aterrizado en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en el sureste de Polonia, el 30 de abril de 2026, lo que supone otro traslado de ucranianos” a través del territorio polaco.
Tras reclamar al Gobierno que interrumpa su colaboración con las “prácticas antiinmigrantes” y las “violaciones del Derecho Internacional de la Administración Trump”, la directora de AI Polonia, Anna Blaszczak-Banasiak, ha subrayado que el país “ha estado del lado de Ucrania desde que Rusia inició su guerra de agresión, proporcionando protección temporal a casi un millón de refugiados ucranianos”.
“Polonia no debería participar en estas operaciones ilegales que separan a las familias, dividen a las comunidades y ponen en peligro la vida de las personas” ha defendido Blaszczak-Banasiak.
En la misma línea se ha expresado la directora ejecutiva y presidenta de HRF, Uzra Zeya, quien ha sostenido que Polonia, que ha ofrecido un “generoso refugio a tantos refugiados ucranianos, debería negarse a facilitar los crueles traslados forzosos de la Administración Trump”, que implican, ha alertado, el envío “de vuelta” de ucranianos “a circunstancias que ponen en peligro sus vidas”.
Una carta sin contestación oficial
AI y HRF han explicado que la misiva fue remitida a las autoridades polacas el pasado 17 de abril de este año y que, ante la ausencia total de respuesta, decidieron hacerla pública. En el texto se recogen las inquietudes de las ONG sobre dos operaciones efectuadas desde Phoenix, capital del estado de Arizona, hasta el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka.
En concreto, y basándose en datos del ICE Flight Monitor de HRF, señalan que el 17 de marzo de este año “dos vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos aterrizaron en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka con varios ciudadanos ucranianos a bordo, cuyo paradero se desconoce actualmente”.
Previamente, el 18 de noviembre de 2025, otro avión del ICE llegó a Polonia, y las 50 personas que viajaban en él fueron trasladadas hasta el puesto fronterizo de Shehyni-Medyka y conducidas posteriormente a Ucrania.
En otro episodio, ocurrido el 18 de agosto de 2025, el ICE comunicó la expulsión de un “número no revelado de ciudadanos ucranianos de vuelta a Ucrania, publicando dos fotos en X”, una publicación que, según afirma el Gobierno polaco, “ha sido eliminada”.
AI y HRF recuerdan que, conforme al Derecho Internacional, Polonia “tiene la obligación de no expulsar ni devolver a personas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro”, y han insistido “en repetidas ocasiones” en que “las condiciones en Ucrania no son actualmente seguras para el retorno, aunque es de esperar que un gran número de ucranianos pueda regresar a salvo a su país en el futuro, una vez que cambie la situación sobre el terreno”.
Por último, las dos organizaciones instan al Ejecutivo polaco a que defienda los Derechos Humanos, la justicia y la dignidad de todas las personas, y remarcan la necesidad de investigar estos “incidentes”, así como de “localizar a las personas imputadas y garantizar que estén protegidas contra la devolución, que sean tratadas con dignidad y que se les proporcione un recurso efectivo”.