El Gobierno de Siria ha afirmado este sábado que la operación llevada a cabo por sus fuerzas de seguridad en varios barrios kurdos de Alepo tiene un alcance acotado y que en ningún caso está dirigida de forma específica contra la población kurda.
Las zonas de Ashrafié y, especialmente, Seij Maqsud encadenan varios días de intensos enfrentamientos entre las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la "policía" kurda, los Asayish, como consecuencia del fracaso de las negociaciones para integrar a estos grupos —las fuerzas de seguridad "oficiosas" de la región autónoma del noreste— dentro del aparato de seguridad del Estado.
"Es una operación de alcance limitado y específica, restringida en alcance y objetivos", ha subrayado el Ministerio de Exteriores sirio en un comunicado, en el que sostiene que las acciones se han llevado a cabo "en consonancia con el compromiso del Estado sirio con la transparencia, el estado de derecho y los principios de no discriminación con el objetivo de restablecer el orden público y proteger a los civiles".
Exteriores responsabiliza a las Unidades de Protección Popular (YPG, principal componente de las FDS) de "reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad" firmados inicialmente con Damasco en abril de 2025 y que, según el Gobierno, "se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones".
Por su parte, las FDS y la administración política del noreste sirio reprochan a las autoridades centrales no haber atendido sus reivindicaciones de federación ni haber mostrado voluntad real de llegar a un entendimiento.
Frente a estas acusaciones, el Ministerio de Exteriores insiste en que la intervención "no constituye una campaña militar, no implica ningún cambio demográfico ni se dirige contra ningún grupo de población por motivos étnicos o religiosos" y recalca que se ha circunscrito únicamente a "grupos armados específicos que operan al margen de cualquier marco de seguridad acordado".
El Ejecutivo sirio, que considera a los kurdos como "parte integral de la comunidad nacional", asegura haber dado "máxima prioridad a la protección de la población civil mediante el establecimiento de puntos de respuesta avanzados y la apertura de corredores humanitarios seguros, en cooperación con organizaciones humanitarias".
"El gobierno comenzará a inspeccionar las zonas afectadas y a retirar los restos explosivos de guerra como paso preparatorio para el restablecimiento de la normalidad en la vida civil", añade el comunicado del Ministerio.
Las FDS sostienen, sin embargo, que los choques en Seij Maqsud prosiguen y que el reciente anuncio del Ejército sirio sobre el cese de las operaciones en el barrio es solo una maniobra propagandística, al tiempo que denuncian el bombardeo de un hospital con pacientes en su interior. El portavoz Farad Shami acusa además a las fuerzas gubernamentales de la ejecución "a sangre fría" de una combatiente, cuyo cadáver habría sido arrojado desde un segundo piso en "un acto salvaje que expone su completo desprecio por la humanidad y las leyes de la guerra".
Shami señala igualmente a las fuerzas leales a Damasco por utilizar a civiles en grabaciones para redes sociales, presentándolos como si fueran miembros de las FDS. "Han secuestrado a docenas de jóvenes civiles tras separarlos a la fuerza de sus familias cuando salían del barrio de Sheij Maqsud y los han obligado después a desfilar ante los medios de comunicación presentándolos falsamente como combatientes de nuestras fuerzas", ha denunciado.
Las FDS han tildado estas prácticas de "criminales" y de "actos sistemáticos de genocidio". "Literalmente es una repetición de los mismos crímenes perpetrados por estas facciones en las regiones costeras y en Sueida", ha afirmado el portavoz.
Para terminar, Shami reclama a la comunidad internacional que ponga en marcha de forma urgente una investigación sobre estos hechos, que los condene públicamente y que impulse que los responsables comparezcan ante la justicia como criminales de guerra.