El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel ha dado luz verde este domingo a una reforma de la administración en Cisjordania que refuerza las atribuciones para autorizar la construcción de nuevos asentamientos judíos, proceder a la confiscación de terrenos y asumir directamente el mantenimiento y la gestión de enclaves religiosos en disputa como la Tumba de los Patriarcas, en Hebrón, o la Tumba de Raquel, en Belén.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, junto con el titular de Defensa, Israel Katz, han subrayado que esta reordenación administrativa supone un cambio “dramático” en Cisjordania, al contemplar, entre otras medidas, que las autoridades israelíes asuman las competencias sobre el suelo y las licencias de construcción en la ciudad vieja de Hebrón, alterando el esquema vigente desde 1997, que exigía el visto bueno tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes para cualquier nueva edificación.
Según ambos ministros, el propósito es “eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento”. En su comunicado, han insistido en que “vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel”.
Smotrich ha recalcado que la reforma busca “normalizar la vida en la ribera occidental” y “seguir matando la idea de un estado palestino”. El paquete de medidas contempla igualmente la difusión de los registros de la propiedad de Cisjordania para que cualquier interesado pueda identificar a las personas titulares de una parcela y plantearles una oferta de compra, información que hasta ahora se mantenía reservada.
El plan también elimina una disposición heredada de la etapa en la que Jordania administraba Cisjordania que impedía a no musulmanes adquirir tierras en la zona y establece una “autoridad municipal específica” para la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de tareas como la limpieza y el mantenimiento del recinto.
Además, la iniciativa refuerza las competencias israelíes en materia de seguridad y gestión en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, que debían quedar bajo control civil palestino (A) o bajo control mixto (B), en ámbitos como la gestión del agua, la protección de yacimientos arqueológicos y la prevención de daños ambientales o de contaminación.
El Consejo de Yesha, que representa a las colonias judías en Cisjordania, ha aplaudido la decisión al considerar que “consolida la soberanía israelí sobre el territorio, 'de facto'”.
Rechazo y críticas desde la Autoridad Palestina y Hamás
En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha calificado las medidas de “ilegítimas e ilegales” y ha recalcado que, por tanto, carecen de validez jurídica. A su juicio, “supone una ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento” que “violan todos los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel” y chocan con los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Hebrón.
Abbas ha advertido de que “la OLP no permitirá la aplicación de estos planes (...) y seguirá luchando para defender sus tierras y sus derechos” hasta alcanzar “un Estado de Palestina libre, independiente y totalmente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, capital eterna del Estado de Palestina”. Ha recordado igualmente que el Derecho Internacional prohíbe la colonización de territorios tomados por la fuerza y el desplazamiento forzoso de la población palestina, y ha pedido a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno de Estados Unidos, “que intervengan de inmediato” para frenar estas “peligrosas decisiones” de Israel.
Desde la Autoridad Palestina consideran que se trata de una “profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos”, al tiempo que reivindican “los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino en el territorio palestino”.
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se ha sumado a la condena, al entender que la reforma “busca extender la guerra de exterminio y eliminar la presencia palestina en todo el territorio palestino”, según ha señalado su portavoz, Hazem Qassem, en declaraciones recogidas por el diario palestino “Filastín”.
Qassem ha denunciado el “programa colonial” del Ejecutivo israelí y sus “políticas agresivas”, que, a su juicio, representan “una amenaza existencial real para el pueblo palestino” y sus derechos. Frente a ello, ha llamado a articular una respuesta basada en la unidad política nacional palestina.