El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado este viernes que la decisión del Gobierno de vetar al grupo Palestine Action fue contraria a la ley, dando la razón al recurso presentado por la fundadora de la plataforma, Huda Ammori, que ha celebrado públicamente el fallo.
“Hemos ganado”, ha dicho Ammori en un mensaje en redes sociales, donde ha resaltado que el tribunal “dictaminó que la prohibición de Palestine Action es ilegal porque es desproporcionada respecto a la libertad de expresión” y que “la ministra del Interior (Yvette Cooper, en ese momento) violó sus propias políticas”. “El tribunal ha ordenado que la prohibición sea retirada”, ha zanjado.
La jueza Victoria Sharp, integrante del Tribunal Superior de Justicia, ha precisado en su resolución que, pese a esta decisión, la organización, creada en 2020, continuará formalmente proscrita de manera provisional, mientras se concede un margen al Ejecutivo para que valore si presenta un nuevo recurso, según ha informado la cadena británica Sky News.
En esta línea, la actual ministra del Interior, Sabana Mahmood, ha confirmado que el Gobierno acudirá al Tribunal de Apelaciones y ha defendido que la actuación de las autoridades “siguió un proceso riguroso, respaldado por el Parlamento”. “La prohibición no evita la protesta pacífica en apoyo a la causa palestina, un punto con el que el tribunal está de acuerdo”, ha sostenido.
“El tribunal ha reconocido que Palestine Action ha llevado a cabo actos de terrorismo, aplaudido a los que han participado en estos actos y promovido el uso de la violencia”, ha argumentado, antes de agregar que “también ha concluido que Palestine Action no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil, y que sus acciones no son consistentes con los valores democráticos y el Estado de derecho”.
“Por esas razones, estoy decepcionada por la decisión del tribunal y en desacuerdo con la noción de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado”, ha dicho Mahmood, quien ha hecho hincapié sin embargo en que “tiene el respeto más profundo” por el aparato judicial británico.
Por ello, ha subrayado que “los ministros del Interior deben contar con la capacidad de actuar para proteger la seguridad nacional y mantener segura a la población”, motivo por el que ha recalcado que planea recurrir para intentar mantener en vigor la decisión de las autoridades contra Palestine Action.
El recurso resuelto este viernes fue promovido por Ammori tras la orden de ilegalización dictada por Cooper —ahora ministra de Exteriores—, medida que se aplicó desde julio de 2025 y que equiparó al grupo con organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico, de forma que la pertenencia o el apoyo a estas estructuras podía castigarse con penas de hasta catorce años de prisión.
La norma suponía, además, que acciones como llevar una camiseta o exhibir una pancarta con el nombre del colectivo se exponían a sanciones de hasta seis meses de cárcel, un paquete de restricciones que fue cuestionado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, al considerarlo desmesurado y sin precedentes en Reino Unido.
Amnistía Internacional celebra un “mensaje claro” sobre el derecho a protestar
Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha afirmado que el fallo supone “una afirmación vital del derecho a protestar, en un momento en el que ha estado bajo un ataque sostenido y deliberado”, según el director de Derecho y Derechos Humanos de la ONG en Reino Unido, Tom Southerden.
“La decisión del supremo envía un mensaje claro: el Gobierno no puede arrogarse amplios competencias antiterroristas para silenciar a las críticas o reprimir la disidencia”, ha dicho, al tiempo que ha descrito la sentencia como “un freno esencial a las extralimitaciones y un poderoso recordatorio de que las libertades fundamentales aún tienen peso en la legislación de Reino Unido”.
“Nos alivia y alienta que el tribunal haya reconocido los peligros de tratar las acciones directas como terrorismo. Esta decisión detiene un patrón de crecientes restricciones, agresivas tácticas políticas y una definición siempre en expansión de lo que constituye ‘terrorismo’”, ha dicho Southerden.
Así, ha hecho hincapié en que el fallo “dibuja una importante línea en la arena contra los intentos de reducir el espacio democrático y socavar la confianza pública en el derecho a protestar”. “Las implicaciones son profundas. Miles de manifestantes pacíficos, incluidos los implicados en la campaña Defended a Nuestros Jurados, han sido arrestados por algo que nunca debió ser un delito”, ha lamentado.
“Esta sentencia ofrece esperanza no solo para ellos, sino para cualquiera que crea que desafiar a quienes están en el poder es una parte legítima y necesaria de la vida pública”, ha manifestado, al tiempo que ha argüido que “una democracia sana depende de que la gente pueda organizarse, protestar y pedir rendición de cuentas sin tener miedo a ser considerada una amenaza”.
Southerden ha incidido en que el fallo “refuerza” por ello “ese principio” y “subraya la importancia de salvaguardar los derechos frente a interferencias desproporcionadas y motivadas políticamente”. “Esta decisión supone un importante paso hacia adelante, y seguiremos trabajando para garantizar que el Gobierno respeta el espíritu y la letra de este fallo”, ha apostillado.