El Ejecutivo de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI), a los que acusa de haber “participado en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel”, en alusión a las pesquisas por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
“Hoy designo a dos jueces del TPI, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, en línea con la orden ejecutiva 14203 sobre ‘Imposición de Sanciones al TPI’”, ha señalado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado oficial.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, ha añadido, vinculando así las sanciones con la reciente decisión del tribunal.
Rubio ha aludido de esta forma al dictamen hecho público el lunes por el TPI, que rechazó varios recursos presentados por Israel contra la investigación abierta sobre su conducta durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En sus declaraciones, el responsable de la diplomacia estadounidense ha afirmado que “el TPI sigue llevando a cabo acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones”. “No toleraremos los abusos de poder del TPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y que someten de forma errónea a estadounidenses e israelíes a la jurisdicción del TPI”, ha remachado.
“Nuestro mensaje al tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción del TPI”, ha insistido. “Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la legalidad y las extralimitaciones del TPI”, ha concluido el secretario de Estado.
Reacción del TPI y de Naciones Unidas
El TPI ha respondido condenando con firmeza la decisión de Washington y ha recordado que estas sanciones “llegan tras una designación previa de nueve cargos electos del aparato judicial y la oficina del fiscal”. “Estas sanciones con un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera en línea con el mandato concedido por sus Estados parte de diversas regiones”, ha denunciado.
Según el tribunal, “estas medidas dirigidas contra jueces y fiscales elegidos por los Estados parte socavan el Estado de derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”, ha advertido, reiterando su respaldo tanto a sus miembros como a las “víctimas de atrocidades inimaginables”.
En esta misma línea, el TPI ha asegurado que “seguirá llevando a cabo su mandato con independencia e imparcialidad, en respeto estricto al Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, y ha agradecido las “consistentes muestras de solidaridad” de los Estados parte, de organizaciones de la sociedad civil y de “todos los que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales”. “El tribunal continuará su trabajo, junto a todos sus socios, para garantizar una aplicación efectiva e independiente de su mandato”, ha remarcado.
A las críticas se ha sumado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha expresado su “gran preocupación” por la decisión de Estados Unidos, así como por las sanciones contra “otros funcionarios del TPI y la ONU”, según ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric.
“Si bien Naciones Unidas y el TPI son instituciones separadas con mandatos separados y distintos, la ONU considera el TPI como un pilar de la justicia internacional y el secretario general respeta su trabajo”, ha manifestado Dujarric en su comparecencia diaria ante la prensa en la sede de la organización en Nueva York.
En este contexto, ha recalcado que Guterres “subraya la importancia del principio básico de la independencia judicial” y ha recordado que “la ONU sigue comprometida a la hora de cooperar con el TPI, en línea con el acuerdo de relación entre ambos, aprobado en 2004 por la Asamblea General de Naciones Unidas”.
Órdenes de arresto y marco de sanciones de Estados Unidos
El TPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, a los que acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, reclamó la detención de tres altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), fallecidos en el transcurso de la ofensiva del Ejército israelí, que ha dejado ya más de 70.600 muertos en la Franja de Gaza.
En reacción a las actuaciones del tribunal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva mencionada para habilitar sanciones contra altos cargos y empleados del TPI, alegando que el organismo “impone, sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto”.
Al amparo de esa orden, Washington ha aprobado medidas como el bloqueo de bienes y activos y la prohibición de entrada en territorio estadounidense para responsables y trabajadores del TPI, extendiendo estas restricciones también a sus familiares directos. Las sanciones se aplican a cualquier persona que haya intervenido en “cualquier esfuerzo del TPI para investigar, detener, retener o procesar a una persona protegida sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona”.