La Asamblea Nacional francesa ha dado “luz verde” este martes, en primera lectura, a un proyecto de ley que amplía el tiempo máximo de detención administrativa de migrantes en situación irregular considerados peligrosos, después de que una disposición similar fuese censurada el pasado mes de agosto por el Consejo Constitucional.
La propuesta, impulsada por el diputado conservador Charles Rodwell, ha salido adelante con 345 votos a favor y 177 en contra. El texto deberá pasar ahora por el Senado, que lo examinará en una sesión fijada para mediados de mayo, según han informado diversos medios franceses.
El proyecto plantea elevar hasta siete meses el límite de retención para aquellos extranjeros sometidos a una orden de expulsión del territorio francés que hayan sido condenados por delitos graves “con al menos tres años de prisión”, como violación, tortura, secuestro agravado o robo a mano armada.
La nueva iniciativa llega tras la anulación por parte del Consejo Constitucional, el pasado agosto, de una medida similar aprobada un mes antes por la Asamblea Nacional, que incluía también delitos como el narcotráfico o las amenazas a profesores.
Rodwell presentó esta propuesta como respuesta al asesinato de una estudiante cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 2024. El principal sospechoso, un ciudadano marroquí en situación irregular, contaba con una condena previa por violación y había sido puesto en libertad antes de ser enviado a prisión preventiva mientras se tramitaba su expulsión.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha señalado que “el asesinato de Philippine Le Noir de Carlan sigue presente” en la sociedad francesa. “Lo que ocurrió es una tragedia. El rol del Estado es proteger a los franceses: la República debe dotarse de los medios para actuar y evitar que esto se repita”, ha defendido.
En esta línea, ha subrayado que, con la nueva ley, los perfiles considerados más peligrosos, “que representan una amenaza para el orden público”, podrán permanecer retenidos hasta 210 días con el objetivo de asegurar su expulsión definitiva. “Las obligaciones de abandonar el territorio deben ejecutarse. Sin excepción”, ha remachado.